Los libreros acusan a los colegios concertados de hundir su negocio

Los comerciantes granadinos que se dedican a la venta de libros están que trinan. Librerías y librerías-papelerías, han visto reducido su negocio -en distinta proporción- por la venta de los libros de texto que llevan a cabo los colegios de enseñanza concertada. Es decir, centros privados que cuentan con subvención de la Junta de Andalucía para poder llevar a cabo su actividad docente y que suman 60 en toda la provincia granadina.

Se trata de los libros que los alumnos de Educación Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato tienen que disponer a principio de curso para poder asistir a las clases y que sus padres pueden adquirir en los propios centros concertados o en las librerías y otros centros comerciales que están habilitados para ello por una exigente normativa.

Lo que en principio fue una actividad incipiente por parte de los colegios concertados, aseguran los comerciantes granadinos, ha tomado una dimensión que incide directamente en su negocio. No en vano, según los datos que maneja la Asociación de Comerciantes del Libro y Papelería de Granada, el 20% de la facturación total que supone la venta de libros de texto de los niveles educativos antes mencionados corre ya a cargo de los propios colegios concertados.

Afinan un poco más al señalar que la facturación prevista para el curso 2015-2016 alcanza los 7,7 millones en Educación Infantil; 1,5 millones en Primaria con el cheque-libro, y 18 en Bachillerato, lo que suma un total de 41,2 millones en todos estos niveles educativos. Excluyen la ESO porque no está previsto que se exijan libros nuevos.

Pues bien, de ese montante total y siempre según el cálculo realizado por la citada organización de libreros granadinos, lo que dejarían de ingresar por la competencia de los centros educativos concertados alcanzaría los 8,24 millones de euros.

«Es una cantidad muy elevada que supone para algunos de nuestros asociados el poder seguir para adelante o el plantearse el cierre de sus negocios», explica José Manuel Gómez, presidente de la Asociación de Comerciantes del Libro y Papelería de Granada.

Tipo de venta

A la hora de hablar de venta de libros de texto por parte de los mencionados centros educativos, Gómez responde con rotundidad que lo hacen sin atenerse a la compleja normativa, en todo o en parte. Explica que cualquier librería o librería-papelería ha de cumplir una serie de cuestiones tanto de carácter fiscal como municipal. Es decir, es obligatorio estar dado de alta en el Impuesto de Actividades Económicas (IAE), contar con la preceptiva licencia del ayuntamiento de que se trate, estar inscritos en el Registro de Comercio y toda una larga serie de cuestiones más.

No es el caso de muchos de los colegios citados. Según la mencionada asociación de libreros, incumplen la normativa y las instrucciones de la Dirección General de Participación e Innovación Educativa sobre el programa de gratuidad de los textos que indica claramente que en el caso de los cheques-libros (Primaria) no permite su gestión por parte de las asociaciones de madres y padres de alumnos (ampas), asociaciones o los propios centros docentes, «excepto cuando cumplan los requisitos legalmente establecidos», según establece Educación.

El máximo responsable de los comerciantes granadinos que se dedican al sector del libro, precisa no obstante que es posible que algún colegio cumpla con todos los requisitos que exige la venta de libros de texto pero que la mayoría no lo hace.

«Si permanecemos de brazos cruzados, llegará el día en el que la venta de libros de texto en nuestros establecimientos caerá a niveles inasumibles; tenemos que actuar ya para evitar el cierre de muchos de ellos», añade Gómez. Recuerda en este punto que muchos negocios de librería-papelería se sostienen exclusivamente por la venta de este tipo de libros, que llega a representar el 70% de su facturación anual.

Denuncias

Los libreros granadinos no se han quedado en la queja pública. Siguen directrices comunes de la Federación Andaluza de Libreros (FAL) y ya han interpuesto denuncias ante el servicio de Inspección Educativa de la Junta de Andalucía, que a su vez ha tomado cartas en el asunto y ha comenzado a investigar lo que ocurre en alguno de los centros concertados granadinos.

Del resultado de estas pesquisas y de la determinación que tome la Junta dependerá de que los libreros acudan finalmente o no a instancias judiciales para defender sus derechos.