La Oficina Provincial de Intermediación Hipotecaria ha tramitado 544 expedientes de familias en riesgo de desahucio

El presidente de la Diputación Provincial de Granada, Sebastián Pérez, y el decano del Colegio de Abogados de Granada, Eduardo Torres, han renovado hoy el convenio de colaboración de la Oficina Provincial de Intermediación Hipotecaria. Desde abril de 2012 hasta el 26 de febrero de 2015, esta oficina ha recibido 544 expedientes de los cuales 530 se enviaron al Colegio de Abogados con la documentación necesaria completada. Se recibieron unas 1.900 llamadas y se han atendido 878 visitas. Unas 300 familias han visto resueltos sus casos. 

Familias que estaban abocadas a verse en la calle han podido resolver su problema gracias a la gestión del Colegio de Abogados y de nuestros juristas, ha indicado el presidente de la Diputación de Granada que ha recordado el carácter pionero de esta iniciativa que posteriormente se extendió a buena parte de diputaciones españolas.

La colaboración entre ambas instituciones ha sido esencial en esta materia en la provincia, según ha destacado Sebastián Pérez que ha resaltado, en presencia del diputado delegado de Asistencia a Municipios, José Antonio González Alcalá, la importancia de este acuerdo porque se está hablando de la sensibilidad del ciudadano que puede perder de manera inmediata su casa, que puede ser desahuciado.

En el último año la actividad disminuyó de tal modo que entre el 1 de enero y el 10 de diciembre de 2014 se recibieron 57 expedientes que se remitieron al Colegio de Abogados, atendiendo 401 llamadas y 233 visitas. En 2012 se recibieron 235 expedientes, 624 llamadas y 236 visitas, y en 2013 un total de 248 expedientes, 815 llamadas y 386 visitas.

En esta evolución ha influido la mejora de la situación económica que no es una entelequia, ha resaltado el presidente de la Diputación.

La Oficina de Intermediación Hipotecaria está diseñada para ayudar a personas, familias o unidades de convivencia empadronadas y propietarias de la vivienda habitual en cualquier municipio de la provincia, que pueden verse afectadas por situaciones de riesgo residencial y que puedan derivar en ejecuciones hipotecarias, o que se encuentran ya inmersas en procedimientos de ejecución hipotecaria.

La Diputación Provincial ha abonado puntualmente al Colegio de Abogados las cantidades estipuladas en los anteriores convenios según ha resaltado hoy Sebastián Pérez que ha alabado la vocación de servicio a la provincia de los letrados que han asistido a las familias en riesgo de desahucio en coordinación permanente con la delegación de Asistencia a Municipios.

La aportación de la Diputación no se circunscribe solo a lo económico sino que también contribuye, junto con los ayuntamientos, con el funcionariado necesario para tramitar los expedientes que llegan a la Oficina de Intermediación Hipotecaria. Se aborda así un grave problema por el que han pasado muchas familias con una herramienta que está previsto que se mantenga mientras quede alguna familia que lo pueda necesitar.

La Oficina de Intermediación Hipotecaria de la Diputación ha contado con una extensión provincial en los últimos años en municipios como Armilla, Ogíjares, Alhama, Loja, Guadix y Motril cuyos casos no se han contabilizado al tener una oficina propia en coordinación con la delegación que el Colegio de Abogados tiene en la ciudad para la Costa.

Por su parte, el decano del Colegio de Abogados de Granada, Eduardo Torres, ha mostrado su satisfacción por renovar este convenio sobre cuyo funcionamiento ha destacado la sensibilidad de instituciones como la Diputación Provincial que entre sus funciones tiene también una clarísima función social que es precisamente la de atender a los más desfavorecidos, y eso es lo que hace nuestra Oficina de Intermediación Hipotecaria.

Hoy las consultas se realizan más con carácter preventivo e informativo mientras que en los primeros años de funcionamiento de esta oficina, cuyo convenio de colaboración se ha firmado hoy por tercera vez, las familias acudían con casos ya judicializados.

En cuanto a la disminución de casos que ha tenido que atender la oficina en el último año frente al primero cuando los letrados llegaron a verse desbordados, Eduardo Torres ha explicado que los bancos han cambiado un poco la política que habían estado llevando hasta ahora de judicializar absolutamente todos los desahucios mientras que ahora se están arreglando o renegociando deudas por otras vías.

Nuestra presión e insistencia al principio ha supuesto un grano de arena en el cambio de la política bancaria respecto al tema de los desahucios, ha reconocido en este sentido Torres.