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La Audiencia Nacional investiga una red de timadores de ancianos que actuó en Granada

Un instalador de gas revisa un calentador.
Un instalador de gas revisa un calentador. / IDEAL
  • La justicia ha imputado ya a 500 falsos revisores de instalaciones de gas por engañar a 2.000 personas de avanzada edad de varias provincias

El Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional -el órgano judicial encargado de perseguir el terrorismo y el crimen organizado- ha asumido la investigación de una gran red de timadores que engañaron a más de 2.000 personas, la mayoría ancianos, en varias provincias, entre ellas Granada.

Hasta el momento, el caso estaba en manos de un juzgado de Málaga, pero el Tribunal Supremo ha acordado ahora que la causa 'viaje' a Madrid debido a que los perjudicados están repartidos por media España

La justicia ya ha identificado e imputado a 504 individuos que se dedicaban a llamar a las puertas de las casas de personas de avanzada edad ante las que se presentaban como revisores de las instalaciones de gas, algo que estaba lejos de ser verdad. En realidad, la mayoría carecía de cualquier cualificación técnica para ejercer esa profesión y, para acabar de arreglarlo, tenían antecedentes penales. Pero, claro, sus víctimas no lo sabían. Los timadores aseguraban que pertenecían a empresas que colaboraban con la compañía que suministraba el gas y que su misión consistía en verificar el funcionamiento «de las instalaciones domésticas». Según decían, las inspecciones eran obligatorias y quien se negase a autorizarlos, sería multado.

De 50 a 1.200 euros

Así las cosas, lo normal es que los damnificados diesen su permiso. El resultado de las revisiones era siempre el mismo: había fallos y era necesario arreglarlos, aunque la realidad es que la instalación estaba en perfecto estado o los desperfectos los causaban los propios imputados. Sea como fuere, lo cierto es que llegaron a cobrar por sus 'servicios' cantidades que oscilaban entre los cincuenta y los casi 1.200 euros.

Una decena de empresarios

En la cúpula de la trama estarían una decena de supuestos empresarios -todos imputados- que crearon 42 «sociedades mercantiles» que «actuaban de forma coordinada en toda la geografía nacional». Los presuntos 'inspectores' trabajaban para esas firmas y entregaban el dinero que recaudaban a sus responsables. «En general, el fraude consiste -según el sumario- en que los empleados de las empresas implicadas, estando identificados 504, todos ellos también imputados, eran buscados (...) por los organizadores de la trama, la mayoría de ellos sin tener la condición de instaladores, muchos con antecedentes penales y previamente aleccionados, se presentan en domicilios seleccionados, donde habitan personas que viven solas o de avanzada edad, alegando que pertenecen a una empresa colaboradora de la proveedora de gas y dedicada a verificar la inspección de las instalaciones domésticas, advirtiéndoles de la obligatoriedad de la revisión y de las multas que les impondrían en caso de no autorizarlas», resume el Tribunal Supremo el contenido de la investigación.

La conclusión de esos exámenes pretendidamente técnicos siempre era desfavorable para los usuarios. «Siendo siempre el resultado de estas 'inspecciones' el hallazgo de deficiencias en la instalación, en unas ocasiones inexistentes y, en otras, provocadas por los propios técnicos, tras lo que proceden a su aparente reparación y al cobro de una suma de dinero por el supuesto servicio prestado. Las cantidades que percibían por la emisión de los certificados sobre el estado de la instalación o por las reparaciones oscilaban entre los 50 euros como mínimo, estando la media situada entre los 150 ó 200 euros, superando muchas veces los 400 euros y en algunos casos, los 1.180 euros», agrega el sumario.

Dada la complejidad y extensión del timo, la justicia no ha podido determinar todavía la cuantía total del fraude, pero la investigación ofrece un dato ilustrativo al respecto: solo en la delegación de Andalucía, los presuntos delincuentes llegaron a recaudar 150.000 euros al mes.

Hasta el pasado 11 de septiembre de 2014, existían «2.042 perjudicados» precisaba el sumario.

Las presuntas ilegalidades no se quedaban ahí: las empresas tampoco pagaban las cotizaciones a la Seguridad Social de los falsos 'inspectores'. La sociedad que operaba en Granada, por ejemplo, acumuló deudas con el estado que, entre 2009 y 2010, ascendieron a casi 400.000 euros.

En el conjunto de España, el dinero defraudado a la Tesorería General de la Seguridad Social llegó a 3.901.959 euros. Todas estas conductas presuntamente ilegales desembocaron en una prolija investigación que trata de determinar si el medio millar de sospechosos cometió los delitos de estafa, blanqueo de capitales, contra la Hacienda Pública, contra la Seguridad Social y delito de organización criminal.

A finales del año pasado, el Juzgado de Instrucción 8 de Málaga planteó una cuestión de competencia ante el Tribunal Supremo para que fuera está última instancia la que determinase si el caso, a la vista de su envergadura, debía pasar a la Audiencia Nacional. El Alto Tribunal ha concluido ahora que sí, que el expediente deber ser remitido al Juzgado Central de Instrucción 6 del tribunal ubicado en la capital de España.