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Granada suma ya tres causas judiciales por el presunto fraude en los cursos de formación

Las investigaciones abiertas en el conjunto de Andalucía ascienden a 18, según trascendió tras una reunión que mantuvieron los jefes de las fiscalías de toda la región en Lanjarón

Carlos Morán

Domingo, 12 de octubre 2014, 01:01

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Con el precedente de los ERE ocupando todos los titulares de prensa, el presunto fraude en los cursos de formación para desempleados en Andalucía nació -al menos desde el punto de vista periodístico- con la vocación de convertirse en una nueva macrocausa. Por el momento no va a ser así. Así lo acordaron ayer los fiscales jefes de toda la región tras mantener una reunión ordinaria de coordinación en la localidad alpujarreña de Lanjarón. Lo cual no quiere decir que no cambien de opinión en el futuro. Todo dependerá de la evolución de las 18 causas judiciales, tres de ellas afectan a Granada, que se han abierto en la comunidad hasta la fecha. Dos de esos expedientes están en manos de la Fiscalía Anticorrupción.

A la 'cumbre' del ministerio público andaluz celebrada en Granada, que comenzó la tarde del pasado jueves y se prolongó durante la mañana de ayer viernes, asistió el Fiscal Superior de Andalucía, Jesús García Calderón.

La llamada 'operación Edu', que es la denominación policial del supuesto fraude de las academias que habrían acopiado subvenciones para impartir cursos de formación inexistentes o que contemplaban un compromiso de contratación que no se cumplía, es un asunto muy complejo dada su 'extensión' geográfica -no hay ninguna provincia de la comunidad que se libre- y económica -por no hablar de su vertiente política: el enfrentamiento entre el PSOE y el PP ha ido a más en los últimos meses, algo que parecía imposible-.

En este sentido, los fiscales querían 'unificar doctrina' y guiarse por un «criterio de eficacia» que impida que este asunto se enrede y se perpetúe en los tribunales, según indicaron fuentes del ministerio público a este periódico.

Pero, claro, no todas las investigaciones van al mismo ritmo y, por el momento, no se dan las circunstancias para que pudiera producirse una eventual acumulación de las causas. De hecho, en buena parte de los casos, la Policía no ha acabado todavía su trabajo.

Segunda fase

Es más, la 'operación Edu' acaba de entrar en su segunda fase. Los agentes encargados de las pesquisas han empezado ya a interrogar a más de 3.000 alumnos en esta nueva tanda, en la que se investiga a cerca de 200 empresas que impartieron ciclos formativos con compromiso de contratación y subvencionados por la Junta de Andalucía.

La primera fase, que se centró en las ayudas concedidas en Málaga a 17 sociedades, dos de ellas de Granada, por un importe de 1,5 millones de euros, se saldó con 42 detenidos, cuatro de ellos de Granada (la mayoría, titulares de academias o autónomos, dos de Albolote y otros dos de Guadix) y 250 testigos, de los cuales 215 habían sido alumnos de los cursos bajo sospecha.

Por lo que se refiere a Granada, la Policía Nacional tiene previsto tomar declaración en Granada a quinientos jóvenes en calidad de testigos y de damnificados de los cursos de formación. A muchos de ellos les prometieron ser contratados tras superar el periodo de formación y después se quedaron en la calle sin trabajo.

Cámara de Cuentas

La madeja de este embrollo supuestamente delictivo comenzó a desenredarse a principios de este año, cuando la Cámara de Cuentas de Cuentas hizo público un informe que, desde el mismo momento en que se conoció, estaba llamado a levantar una gran polvareda. Así fue. El órgano fiscalizador de las administraciones había observado graves anomalías en la concesión de ayudas que el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) de la Junta de Andalucía durante 2009 y 2010 y lo puso por escrito.

Poco después, Jesús García Calderón, fiscal superior de Andalucía, encargaba a la unidad policial que trabaja para dicha institución que investigase las irregularidades que había puesto de manifiesto la Cámara de Cuentas. Es pesquisa preliminar concluyó y determinó que, efectivamente, hubo presuntas anomalías.

Concretamente, y tal y como ya señaló la Cámara de Cuentas, la Junta dio casi 300 millones de euros a empresas de formación, asociaciones o instituciones públicas a pesar de que los perceptores no habían explicado qué habían hecho con el dinero que había recibido con anterioridad, que es una exigencia que está recogida en la ley. No cumplieron ese requisito y, a pesar de ello, les fueron entregados los 300 millones de euros.

El ministerio público, basándose igualmente en las averiguaciones de la Policía, consideró que era preciso arrojar luz sobre el funcionamiento de la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe), un ente público dependiente de la Junta que hoy ya no existe. En su informe, la propia Cámara de Cuentas ya puso en cuestión la forma de operar de la Faffe, que recibió más de 49 millones sin justificar.

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