Decenas de edificios públicos aguardan aún su venta para aliviar las arcas de Junta y Estado

Tanto el Gobierno central como la Junta de Andalucía han intentado vender en los últimos años centenares de propiedades para obtener liquidez con la que aliviar las depauperadas arcas públicas. El Estado ya ejecutó varias subastas en el pasado. En 2013, en la provincia de Granada, logró colocar algunos inmuebles menores, por los que obtuvo alrededor de medio millón de euros. Sin embargo, nada de operaciones millonarias.

La última enajenación de dimensiones considerables fue la venta de la antigua comisaría de la Plaza de los Lobos, que pasó a ser propiedad de la Universidad de Granada a cambio de 1,9 millones. La institución universitaria tenía intención de usar el edificio como dependencias para desahogar la Facultad de Derecho. La venta fue una ganga, puesto que la UGR adquirió el inmueble por menos de la mitad del precio de salida. La primera vez que salió a la venta, justo después de dejar de ser la sede de la Jefatura Superior de la Policía Nacional, el Ministerio del Interior le dio un valor de 4,3 millones de euros.

Después de eso, el desierto. El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas también puso a la venta varios de sus activos en la provincia. Los más emblemáticos continúan en su catálogo y saldrán de nuevo a subasta después del verano, en el próximo mes de septiembre o en octubre, según fuentes de la Subdelegación del Gobierno en Granada. Entre los edificios que aún no ha logrado vender se encuentran varios de la antigua Renfe y alguno de Correos. El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) logró adjudicar en una subasta cinco viviendas en Granada y Guadix, con precios por debajo de 40.000 euros, pero no consiguió comprador para las ocho estaciones de tren de la antigua línea Guadix-Almendricos. El precio medio ronda los 60.000 euros, casi una ganga. Esto se debe a que la gran mayoría se encuentra en suelo rústico. A ello hay que sumar una veintena de viviendas de la provincia que aún son de Adif.

Al margen del patrimonio ferroviario, el Estado también se ha encontrado siempre dificultades para enajenar el antiguo cuartel de la Guardia Civil de Guadix, un inmueble «en mal estado» cuya superficie construida es de 4.298 metros cuadrados. El valor de tasación de la ficha del edificio, publicada por el Ministerio del Interior, es de 1,9 millones de euros. Salió a subasta en julio de 2013, pero nadie pujó. Y en la actualidad el Gobierno acepta ofertas directas.

Un tanto de lo mismo ocurre con el antiguo Gobierno Militar, en la Acera de San Ildefonso de la capital. Es el antiguo convento de la Merced, que el Ministerio de Defensa colocó en el mercado el verano pasado. La Universidad de Granada se interesó por el edificio, que está a escasos metros del Hospital Real, pero después de unas conversaciones preliminares, parece que no hubo acuerdo.

70 inmuebles andaluces

Algo parecido está viviendo la Junta de Andalucía con muchos de los inmuebles que ha intentado enajenar en varias ocasiones a lo largo del último lustro. El pasado 20 de junio se hizo pública y efectiva en el BOJA la operación que en enero pasado anunció la consejera de Hacienda, María Jesús Montero, para poner a la venta y en arrendamiento hasta 70 inmuebles administrativos propiedad de la Junta en toda Andalucía. En Granada se encuentran tres de los más emblemáticos, que la administración andaluza tiene intención de vender y alquilar posteriormente durante 20 años para mantener allí las dependencias que actualmente albergan todos estos inmuebles. Es la denominada venta con retorno.

Son el palacete ubicado en el Paseo de la Bomba, que acoge la Delegación Territorial de Cultura; el edificio de la calle Tablas que alberga la sede de la Gerencia Provincial de la Agencia Tributaria de Andalucía;y, por último, la sede de la Delegación Territorial de Salud, en la Avenida del Sur. El objetivo es ingresar dinero que ayude a cumplir con el objetivo de cuadrar el déficit a final de año y reducirlo al 1%. De venderlos al precio de tasación, la Junta obtendría unos 20,5 millones de euros y se obligaría a pagar una renta anual de aproximada de 1,6 millones de euros al año por su alquiler. El palacete de la Bomba está tasado en 2,8 millones; el edifico de la calle Tablas, en 9,4 millones; y la Delegación de Salud, en 9,3 millones. En principio, según fuentes de la Consejería de Hacienda, el plazo para la venta acaba en diciembre.

Pisos y solares, las únicas ventas de la anterior subasta

La última subasta que organizó resultaron la Delegación de Economía y Hacienda de Granada se celebró el 29 de octubre de 2013. En la puja pública resultados adjudicados todos los pisos sitos que el Gobierno central poseía en la calle San Agapito nº 2, con una mejora considerablemente los tipos de salida, según detalló la propia Delegación en aquellos días. Igualmente fueron adjudicados por su valor inicial tres solares en el término municipal de Bérchules, una finca rústica en el término municipal de Padul y un vehículo marca Toyota Celica. La recaudación final por estas ventas ascendió a 521.22,65 euros. En la misma subasta quedaron desiertos varios lotes ofertados, correspondientes a una urbana en el término municipal de Bérchules, un solar en el término municipal de Pulianas y otro solar en la capital. La próxima subasta se celebrarán en septiembre u octubre de este año.