La investigación del 'caso Serrallo' está atascada por un exceso de papel

El sistema judicial español es una máquina de generar papel. Debe de consumir varios bosques cada año. Solo la sentencia del 'caso Malaya', que sirvió para destapar el saqueo de las arcas municipales de la localidad malagueña de Marbella, constaba de más de cinco mil folios. El sumario, ni se sabe.

No es fácil manejarse entre tanta cuartilla. Y pueden surgir problemas. El 'caso Serrallo', una investigación judicial con un volumen bastante más modesto que 'la Malaya' y que pretende determinar si ha habido una invasión del parque público aledaño al centro comercial granadino, está ahora mismo atascado por uno de esos excesos de papel. Poco después de recibir la denuncia que, sobre este asunto, formuló la Fiscalía Provincial a principios del pasado mes de febrero, el juzgado de Instrucción que asumió la investigación solicitó al ministerio público que le enviase numerados y escaneados los nueve tomos de informes -fundamentalmente del Ayuntamiento- que explicaban la tramitación de las instalaciones bajo sospecha. De esa forma podría entregar la documentación a todas las partes para evitar que hubiera quien pudiera alegar indefensión.

Devolución de las carpetas

La fiscalía presentó un recurso ante el propio juzgado en el que alegaba que carecía de medios suficientes para acometer la ingente tarea de copiado. También argumentaba que, en cualquier caso, las pesquisas podían y debían seguir adelante

El juzgado preguntó entonces a la Junta de Andalucía, la administración competente en esa materia, si la fiscalía tenía capacidad, o no, para escanear la montaña de papeles. Parece ser que la administración autonómica respondió afirmativamente y el juzgado, además de rechazar el recurso del ministerio público, devolvió la carpetas llenas de folios a la fiscalía -y no era la primera vez que eso sucedía-.

El ministerio público acudió entonces a la Audiencia Provincial para que examine el tema y adopte una resolución al respecto. Y así están ahora mismo las cosas.

A mediados del pasado mes de febrero, la Fiscalía Provincial de Granada difundió una denuncia en la que reclamaba al juzgado la imputación un promotor inmobiliario y de cinco altos cargos municipales de Urbanismo y por, presuntamente, haber autorizado una discoteca en un parque infantil en la zona de ocio adjunta al centro comercial Serrallo Plaza, junto a los túneles de la Ronda Sur. Aquella denuncia se refería a lo ocurrido como una «privatización del espacio público», que es la misma expresión que habían empleado los técnicos de la Junta que, a petición de la fiscalía, examinaron las instalaciones bajo sospecha. Apoyándose principalmente en dicho dictamen pericial, el ministerio fiscal observó indicios de la presunta comisión de un delito contra la ordenación del territorio y otro de prevaricación -adoptar una resolución injusta a sabiendas de su ilicitud-.