Un funcionario de la Universidad pierde la plaza que logró en 2010 porque puso su nombre en el examen

La Universidad de Granada (UGR) celebró en 2010 un concurso-oposición para dotar veinticinco plazas de la escala de gestión administrativa de la institución académica que estaban vacantes. Por aquel entonces, la crisis ya empezaba a mostrar sus fauces y concurrieron centenares de personas. Lógico: lograr un empleo público en tiempos de zozobra es casi como tener un pleno al quince en las quinielas.

Antes de que comenzaran las pruebas y, entre otras cosas, los examinadores advirtieron de que los opositores no debían identificarse para garantizar el anonimato y, por ende, la limpieza del proceso. Si alguien lo hacía, su prueba sería anulada. Pues bien, uno de los aspirantes puso su nombre y apellidos en los cuestionarios, pero nadie se apercibió de ello y el opositor consiguió una de las plazas en disputa. En mayo de 2011, el tribunal calificador difundió la lista definitiva de aprobados y en ella figuraba el nombre de la polémica. Ese mismo mes, el rector de la UGR firmó la resolución que les otorgaba la condición de funcionarios. Pero la semilla de la discordia ya estaba sembrada.

Al juzgado

Varios opositores que recurrieron la puntuación que habían obtenido en el examen tuvieron acceso a la documentación y constataron que, efectivamente, uno de los aprobados no había respetado la regla de no identificarse. El asunto de las puntuaciones llegó a juicio y en la correspondiente sentencia se hacía alusión al caso del opositor que reveló su identidad. La opositora que quedó la primera de los que no consiguieron plaza conoció esa información y decidió asesorarse legalmente para ver si merecía la pena pleitear. Rafael Revelles, el letrado que se hizo cargo del caso, le aconsejó que sí, que acudiera a los tribunales. Y así fue.

Hace solo unos días, el Juzgado de los Contencioso-Administrativo número 4 de Granada dictaba una sentencia que, de hecho, suponía la anulación del examen controvertido y, por consiguiente, la pérdida de la condición de funcionario del opositor que puso su nombre y apellidos en los cuestionarios.

El fallo, que admite recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), recuerda que, efectivamente, las bases del concurso-oposición establecían claramente que los aspirantes no debían dar pistas, por mínimas que fueran, que favorecieran su identificación, ya que el anonimato era el mejor aval de imparcialidad. «El presidente o la presidenta del tribunal adoptará las medidas oportunas para garantizar que los ejercicios que forman parte de la fase de oposición sean valorados sin que se conozca la identidad de las personas aspirantes (...) Cualquier evidencia que permita la identificación del opositor será motivo de anulación del examen», detalla la sentencia lo que decían las bases del concurso.

La UGR, por su parte, argumentó que «nadie reparó» en el desliz «o que el secretario del tribunal no informó al resto de los miembros» de lo que había sucedido, unas afirmaciones que para el juzgado tienen «escasa verosimilitud». En consecuencia, el magistrado excluye del «proceso selectivo» al aspirante en cuestión e incluye en él a «la siguiente opositora en puntuación».

Para el abogado Rafael Revelles, la respuesta de la justicia es la adecuada, porque «el esfuerzo que implica» una concurso de este tipo «no merece que un opositor que rompe las reglas y conculca las bases de la convocatoria acceda a una plaza que es, por mérito y capacidad, del que sí las respeta: en este caso el juzgado ha estudiado a fondo el caso, complejo por ser recurso extraordinario de revisión, y estamos muy satisfechos con el resultado: la Universidad deberá rectificar y darle la plaza al que le corresponde», manifestó el jurista.