Obligado a cerrar por estafa

Desde hace años en las páginas de sucesos de este periódico hemos contado a diario los delitos cometidos por delincuentes variopintos y las distintas actuaciones que realizan para resolver los casos tanto la Guardia Civil como la Policía Nacional, Local o Autonónica. Sin embargo, en pocas ocasiones podemos relatar las consecuencias que algunos aparentes pequeños delitos pueden llegar a provocar. Este es el caso de Juan Manuel G. Martínez, un empresario que tenía dos tiendas dedicadas a la subdistribución de telefonía móvil de marca Yoigo, sitas en los centros comerciales Neptuno y Alhsur de Granada, y que ha tenido que cerrar como consecuencia de unas pérdidas de 110.799 euros tras ser objeto de estafa con robo de terminales de alta gama.

Los robos y estafas han sido realizados por un grupo de supuestos clientes, la mayoría jóvenes, que en realidad eran presuntos delincuentes. La empresa suministradora Yoigo ha penalizado al empresario granadino con 27.799 euros ya que los móviles se han perdido, y considera responsable a este subdistribuidor, a pesar de argumentar con documentos originales escaneados todos los contratos firmados. Pero además, J.M.G. Martínez, ha perdido otros 20.000 euros de gastos de montaje, a razón de 10.000 euros en cada tienda de Yoigo con material de su filial de Telico Solera, según relata el propio empresario. A esta cantidad inicial de pérdidas de 47.799 hay que sumar, según las cuentas de los abogados que están tramitando las reclamaciones y acciones judiciales de la defensa de Juan Manuel, otros 63.000 euros más por llevar unos siete meses sin vender prácticamente nada al carecer de productos y solo reponerle muy pocos, pero obligándole a estar abierto con los consiguientes gastos de personal, electricidad, agua, impuestos, seguros, alquileres, mantenimiento y otros gastos mínimos generales de un negocio en marcha. En total unas pérdidas de más de 110.799 euros.

Todo planeado

En menos de un mes, el dueño de las tiendas detectó un aumento desproporcionado de bajas de líneas de terminales de alta gama, y pudo comprobar que en una decena de casos eran vecinos y vecinas de Pinos Puente, en otro una mujer vecina de Láchar, otras dos de Atarfe, una de Santa Fe y una última de Cijuela. Tras ello, vio que el común denominador eran sus apellidos, ya que coincidían en muchos casos, a pesar de tener en el DNI distintos domicilios en pueblos limítrofes. Al sospechar que todos ellos se hubieran puesto de acuerdo para estafar, o al menos eso pensaba el empresario, lo denunció en la Comisaría de Policía Nacional, ya que comprobó que los teléfonos que faltaban y el número de las líneas dadas de baja, se producían a los pocos días de firmar sus contratos y conseguir los terminales de alta gama. En ese momento, eran ya 40 teléfonos móviles. En los contratos, la dirección era incorrecta y el número de cuenta no pertenecía a los firmantes de los contratos o estaba sin saldo alguno, y declarados insolventes, en paradero desconocido o sin domicilio conocido en España. El perjudicado, Juan Manuel G. Martínez, ha manifestado que la argucia era firmar el contrato aportando todo tipo de documentos originales y supuestamente en regla, para sustraer los terminales y posiblemente venderlos a terceros en el mercado negro de la compra y venta de aparatos de telefonía móvil de alta gama y, en otros, para que el coste de los mismo fuese gratis, pues no pagaban recibo alguno y tampoco devolvían los teléfonos.

Alta gama

En muchos casos, los firmantes habían suscrito tres contratos a la vez de aparatos de marca Samsung Galaxy SIII y, en otros, tres teléfonos de marca iPhone 5. Tras la denuncia del empresario la Policía realizó varias investigaciones y logró recuperar algunos aparatos y descubrir su destino, al haber sido vendidos a terceras personas. No obstante, pese descubrir los supuestos delitos de estafa, el resultado final es que el granadino ha perdido los ahorros de su vida y poco puede reclamar a los estafadores, si es que los encontrara en sus domicilios, pese a que en la práctica totalidad de los casos aparecen como empadronados o lo justifican en su Documento Nacional de Identidad.

Juan Manuel G. Martínez indica que por la detención de estas personas quiere felicitar a la Policía y a la Guardia Civil por lo rápido que han actuado pero que las consecuencias, además de la estafa en sí, son muy graves para él: «A pesar del engaño, el estafado soy yo, que ha sido quien ha tenido que pagar el 100% del valor de los terminales, mientras que la compañía Yoigo y su distribuidora 20:20 Mobile (SMOL) me han quitado la distribución de las dos tiendas que tenía».

El empresario granadino asegura que ha pasado en cuestión de dos meses de ser un empresario 'de primera' en Granada en le distribución de teléfonos Yoigo, a estar totalmente desprotegido. «Ahora solo pido que me sean devueltas las dos distribuciones o, en su defecto, me sean indemnizadas adecuadamente».