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Martes, 22 de abril 2014, 14:39
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Desde Phoenix, Arizona La popular Corte Suprema de Estados Unidos se negó hoy mismo a escuchar una apelación a una reciente cláusula bloqueada de la polémica ley de inmigración de Arizona de 2010, lo que representó otro golpe evero para la gobernadora Jan Brewer en sus esfuerzos por cambiar.
La apelación de Brewer iba destinada a defender el derecho de la policía a arrestar a las personas que dan alojamientos a quienes viven sin autorización en Estados Unidos.
Sin embargo, el Tribunal Federal de Apelaciones del Distrito 9 prohibió a la policía hacer cumplir dicha norma, al considerar que la cláusula era ambigua y que las leyes federales ya impiden acoger a los que viven en Estados Unidos de forma indocumentada.
Karen Tumlin, abogada de grupos derechos civiles, ha declarado que esta es otra señal de que Arizona libra una batalla perdida, tanto jurídica como políticamente.
Por su parte, Andrew Wilder, portavoz de Jan Brewer, apuntó que la gobernadora se siente indignada ante el rechazo de que la Corte Suprema no haya escuchado su apelación.
Wilder ha calificado la decisión como otro golpe a la autoridad estatal como garante de la seguridad pública. Y añadió: la capacidad de Arizona para combatir a elementos criminales de la inmigración ilegal en nuestro estado ha quedado más erosionada.
Esta decisión de la Corte Suprema no es la primera que pone trabas a las cláusulas de la Ley de Arizona, ya que otros tribunales han anulado o bloqueado el cumplimiento de cláusulas como la que exigía que los inmigrantes llevaran siempre con ellos documentos de inscripción o la que prohibía que los indocumentados solicitaran trabajo en lugares públicos.
Una medida que sí ha avalado la Corte es la exigencia de que los agentes de policía, en el cumplimiento de otras leyes, puedan preguntar el estatus de inmigración a los sospechosos de ser indocumentados.
Susan Bolton, jueza federal del distrito, ha afirmado que no se han producido arrestos bajo la controvertida cláusula, recientemente bloqueada, durante el período de dos años en los que ésta estuvo vigente (septiembre 2010 a septiembre 2012).
El próximo miércoles se cumplen cuatro años desde que Jan Brewer promulgara la ley. Actualmente hay otras dos impugnaciones a dicha ley en los tribunales federales, pero se desconoce la fecha del juicio de ambas.
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