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Susana Díaz , durante su intervención en el acto de precampaña para las elecciones europeas. :: EFE
PSOE e IU intentan salvar el pacto en Andalucía entre una gran desconfianza
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PSOE e IU intentan salvar el pacto en Andalucía entre una gran desconfianza

Los dos partidos trataban de cerrar anoche un acuerdo de mínimos tras 72 horas de tensas conversaciones

MARÍA DOLORES TORTOSA

Sábado, 12 de abril 2014, 05:31

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El pacto de izquierdas en la Junta de Andalucía trataba anoche de sobrevivir a su primera gran crisis. Salvar los muebles tras estar al borde de la ruptura por las discrepancias en el realojo de varias familias de okupas en viviendas públicas de la administración autonómica. Tras 72 horas de duros reproches y una tensión sin precedentes, PSOE e IU negociaban anoche un acuerdo de mínimos para salvar el pacto y seguir gobernando en Andalucía, aunque al cierre de esta edición aún quedaban flecos por amarrar. IU seguía sin dar el visto bueno a varios aspectos de un documento redactado previamente con el PSOE y mantenía en el aire el acuerdo.

Ni que decir tiene que nada será igual a partir de ahora aunque mantengan el pacto. Entre los dos socios de gobierno ha crecido la desconfianza y hay heridas abiertas difíciles de suturar. Ninguna de las partes se atreve a asegurar a partir de ahora que agotarán la legislatura. Pese al anunciado deseo de vuelta a la normalidad, la amenaza de las elecciones anticipadas coge cuerpo.

La misma escenificación del desenlace es un ejemplo. Tras seis horas de negociación, los representantes de IU y PSOE reunidos en el Parlamento salieron de la reunión por separado y con caras serias. El secretario del PCA, José Manuel Mariscal, reconoció avances, pero dijo que quedaban flecos. Luego salieron los socialistas. «Salimos satisfechos de los avances conseguidos», manifestó el secretario de Organización del PSOE, Juan Cornejo, quien tampoco explicó el contenido del acuerdo. A la hora del cierre de esta edición su contenido seguía sin ser desvelado.

El origen del conflicto

El origen del enfrentamiento está en el realojo de 22 familias de la Corrala Utopía, desalojadas por orden judicial de un bloque de viviendas de Ibercaja el pasado domingo. La Consejería de Fomento entregó la noche del miércoles las llaves de viviendas del parque público de la Junta a varias de estas familias en contra de la presidenta de la Junta, que advirtió de una posible ilegalidad al vulnerarse principios de igualdad al no respetarse las listas de espera. Desde hace tres días Izquierda Unida ha tratado de convencer al PSOE de la legalidad de su actuación. «Se ha actuado con absoluto rigor legal», manifestó el coordinador de IU CA, Antonio Maíllo. «Si nos hubiéramos equivocado habríamos rectificado, pero no hay error», enfatizaba. IU defiende que no se ha adjudicado ninguna vivienda, sino que se trata de realojos transitorios. Rebajó de diez a ocho las familias alojadas. Parte de la negociación con los socios consistió en demostrar con informes del Defensor del Pueblo y de los servicios sociales que estas familias se encuentran en situación de exclusión social.

Amenaza cumplida

El desenlace de un acuerdo era difícil de barruntar en la mañana. Susana Díaz cumplió su amenaza de publicar en el BOJA (Boletin Oficial de la Junta de Andalucía) el decreto que retira las competencias en adjudicación de vivienda protegida a la Consejería de Fomento y Vivienda, que dirige Elena Cortés (IU), lo que implicaba su entrada en vigor inmediata. La presidenta tomó la decisión pasada la una de la madrugada al fracasar los últimos intentos de acercar posturas tras más de quince horas de conversaciones (en reuniones y vía telefónica). El secretario general de Organización del PSOE, Juan Cornejo, comunicó la salida del decreto sobre la 1.30 horas a Antonio Maíllo, que lo recibió con sorpresa. Las competencias pasaron a la Consejería de Hacienda y Administración Pública, en manos de la socialista María Jesús Montero.

Sobre las nueve, en el desayuno informativo de Forum Europa, en el que presentó a la candidata del PSOE a las europeas, Elena Valenciano, la presidenta justificó el decreto: «Soy la presidenta de todos los andaluces y no puede ser que quien ocupe ilegalmente una vivienda tenga más derechos que quien espera pacientemente y a lo mejor con más necesidad».

Con este golpe de mano Díaz intentaba sobre todo salvar su autoridad como presidenta de la Junta. Una de las mayores quejas del PSOE en este conflicto era que los cargos de la Consejería de Fomento habían desobedecido su orden de no entregar las llaves la noche del miércoles. Entendían que había quedado «desautorizada» y cualquier acuerdo implicaba en este sentido una compensación por esta falta. En este aspecto radicó el principal escollo de la negociación anoche.

En el tenso pulso del miércoles y jueves los socialistas reclamaron primero la dimisión del viceconsejero de Fomento, José Antonio García Cebrián, y luego del director general de Vivienda, Antonio Fuertes, quien firmó las resoluciones para entregar las viviendas a las familias okupas. La consejera de Fomento, Elena Cortés, se encontraba entonces en Panamá y Colombia en una cumbre de la ONU de vivienda. Era una petición de máximos para empezar la negociación. IU se negó a cortar cabezas bajo ningún concepto. El PSOE bajó luego sus pretensiones.

La noticia del decreto sorprendió a los dirigentes de IU, quienes se reunieron de urgencia a primera hora de la mañana para analizarlo y dar una respuesta. A la reunión acudió desde Madrid el coordinador general, Cayo Lara, y el secretario general del PCA, José Luis Centella, lo que daba a la crisis una dimensión nacional. También estaban Diego Valderas, el consejero de Turismo, Rafael Rodríguez, y el secretario del PCA, José Manuel Mariscal. La consejera de Fomento, Elena Cortés, se incorporó sobre la una del mediodía tras llegar de Panamá.

Apuesta por el diálogo

Al mismo tiempo que la plana mayor de IU se reunía en el Parlamento, Susana Díaz insistía en no dar por roto el pacto y en animar al diálogo, para lo que dijo que iba a colaborar. Díaz siempre dejó la puerta abierta a «revisar» el decreto si se restituía la legalidad. En el hotel sevillano donde presentó a Valenciano apeló a la «responsabilidad, diálogo y prudencia» de IU para alcanzar un acuerdo que permitan a ambas formaciones seguir demostrando «que otra política es posible».

A esto se agarró IU para buscar una salida del atolladero. Sobre las 14.30 horas Cayo Lara y Antonio Maíllo comparecieron en los pasillos del Parlamento con un mensaje ambiguo: por un lado dejaron clara la voluntad de no romper el pacto con los socialistas, pero exigieron que Díaz revocase el decreto. También advirtieron de una «crisis de gobierno» achacada al ultimátum de Díaz que, por el que, según palabras de Maíllo, daba por suspendido «momentáneamente el desarrollo del acuerdo». La frase se interpretó como un amago de ruptura del pacto, pero en realidad era la postura de fuerza de IU para seguir negociando la salida. IU entendió que el decreto quebraba el acuerdo alcanzado a finales de abril de 2012. Por eso exigía su revocación para volver «a la normalidad». En ningún momento IU planteó que los consejeros abandonasen el Consejo de Gobierno o su agenda institucional.

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