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Pedro Sabando, Juan Cano Bueso, presidente del Consejo Consultivo de Andalucía, y Julio Sánchez presidieron la reunión. :: GONZÁLEZ MOLERO
El aumento de denuncias 'obliga' a regular las cuantías de las indemnizaciones sanitarias
GRANADA

El aumento de denuncias 'obliga' a regular las cuantías de las indemnizaciones sanitarias

La sede del Consejo Consultivo de Andalucía acoge una reunión de representantes de toda España para crear un documento que elevarán al Ministerio de Sanidad

ÁNGELES PEÑALVER

Martes, 1 de abril 2014, 02:11

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Los españoles han empezado en los últimos años a poner reclamaciones y demandas judiciales relacionadas con la atención sanitaria recibida, algo muy frecuente en Estados Unidos, pero inusual hasta ahora en la península Ibérica. Ante eso, en el ámbito ejecutivo y legislativo empiezan a reaccionar. Según Pedro Sabando Suárez, consejero electivo del Consejo Consultivo de Madrid y exconsejero de Sanidad durante ocho años en esa comunidad, las quejas tramitadas en su región por presuntas negligencias médicas se han duplicado en los últimos seis años, pasando de 300 a 600 las estudiadas en ese organismo cada año.

Lo sorprendente es que hasta ahora, para indemnizar a las víctimas sanitarias, se han estado aplicando los baremos utilizados para los accidentes de tráfico, que «resultaban insuficientes en algunos casos para la responsabilidad patrimonial sanitaria», explicó ayer Julio Sánchez Fierro, vicepresidente del Consejo Asesor de Sanidad, órgano consultivo y de asistencia de la ministra Ana Mato.

Pedro Sabando, Julio Sánchez y presidentes de consejos consultivos de distintas comunidades autónomas españolas se reunieron ayer en la sede andaluza de ese organismo, en el Palacio de Bibataubín, donde Juan Cano Bueso ejerció de anfitrión. El objetivo perseguido era fijar criterios comunes de baremación sobre indemnizaciones por daños en el ámbito sanitario, que plasmarán en un documento que será elevado al Ministerio de Sanidad «para acabar así con las diferencias territoriales». Actualmente, los casos que se resuelven por vía judicial quedan en función de los diferentes tribunales superiores de justicia, con las demoras que implican esos procesos .

«En el caso de un recién nacido con lesiones en el nacimiento, por ejemplo, es muy difícil encontrar un supuesto similar en las tablas de los accidentes de tráfico que venimos usando», reconoció Julio Sánchez Fierro, quien se mostró seguro de que el nuevo documento ayudará a los profesionales implicados y a las familias afectadas a salir de la incertidumbre y a agilizar sus trámites, además de que acabará con parte de la litigiosidad actual.

En busca de seguridad jurídica

A día de hoy, los consejos consultivos de las distintas comunidades autónomas emiten dictámenes extrajudiciales -a petición de las administraciones sanitarias- cada vez que se ha de dirimir un caso sobre una presunta negligencia médica por la vía administrativa. «Ahora se trata de avanzar, no de hacer arreglos, sino de establecer una seguridad jurídica y una equidad basada en aspectos técnicos y científicos. Habrá unas escalas para cada patología que recogerán una puntuación del uno al cien en función de la gravedad de los daños y sus secuelas», apostilló Sánchez Fierro. En los accidentes de tráfico, por ejemplo, el baremo para las personas de 0 a 20 años arranca desde 800 a 3.300 euros según la secuela, esas cantidades se van incrementando por puntos en función de la severidad de los daños e incluyen elementos correctores, como si la víctima necesita o no un cuidador.

Las tablas, cuya finalidad es su aplicación directa en el ámbito extrajudicial, se fijan en función de la afectación provocada, la edad del paciente, la posible pérdida de actividad laboral, los perjuicios para sus relaciones sociales y otros padecimientos de tipo moral evaluables. El ponente recordó que actualmente el periodo transcurrido entre la presentación de una demanda sanitaria vía judicial y la percepción de la indemnización por parte de la familia puede oscilar entre «los tres meses y los nueve años según cada caso». El experto añadió que si se llega a pactos extrajudiciales - y crear una tabla regulatoria ayudará a eso- los periodos de demora se acortarán.

Base francesa

«No se trata de juzgar conductas sino de indemnizar resultados dañosos», dijo en rueda de prensa Julio Sánchez Fierro, vicepresidente del Consejo Asesor de Sanidad. Por eso, tomando como base el baremo existente para los accidentes de tráfico, de base francesa, pretenden fijar un procedimiento similar en el ámbito sanitario que lo enriquezca y que especifique supuestos no recogidos aún.

«El establecimiento de estos criterios resulta fundamental ante el aumento en el número de reclamaciones por daños derivados de la actividad sanitaria registrado en los últimos años. Según algunos estudios, se habla de unos 3.000 casos al año solo concernientes a la profesión médica en la sanidad pública», apostilló Julio Sánchez, que no relacionó esta realidad en alza con la disminución de la calidad asistencial.

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