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Parados, en la cola de la Consejería de Empleo de la Junta en Granada. :: GONZÁLEZ MOLERO
150 'parados', obligados a devolver 686.000 euros por trabajar en negro o dar datos falsos
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150 'parados', obligados a devolver 686.000 euros por trabajar en negro o dar datos falsos

La picaresca para cobrar la prestación se ha disparado y las infracciones muy graves detectadas por Trabajo han crecido un 308% en un año

ÁNGELES PEÑALVER

Lunes, 9 de septiembre 2013, 04:37

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Las necesidades económicas hacen que los ciudadanos se las ingenien como pueden para llegar a fin de mes. Pero no todo el mundo acude a la vía legal para cuadrar sus presupuestos domésticos. La picaresca en el cobro de la prestación por desempleo se ha disparado en el primer semestre en la provincia de Granada, donde la Inspección de Trabajo ha detectado un 308% más de infractores que en el mismo periodo de 2012.

Según explicaron en la Delegación de Gobierno, ese incremento se refiere a personas que tienen un oficio sin declarar -en negro- pero siguen percibiendo el dinero del paro mensualmente y también a los que falsearon sus datos a la hora de solicitar el desempleo. A esos individuos -si son cazados- se les retira la protección social que tenían y deben devolver el importe percibido en el periodo fraudulento. Así ha ocurrido en casi 150 ocasiones en los seis primeros meses del año en distintos puntos de la provincia.

La Inspección de Trabajo y la Seguridad Social colaboran en la persecución de esas infracciones. En el primer semestre de 2012 se produjeron 35 bajas definitivas en prestaciones por desempleo derivadas de la comisión de faltas muy graves. Y un año más tarde -en ese mismo periodo- han sido 143 en la provincia. Se excluyen de los arriba mencionados los subsidios para eventuales agrarios, según las mismas fuentes de la Inspección.

En el primer semestre de 2012 se tuvieron que devolver 98.084 euros a las arcas públicas por parte de los tramposos, mientras que de enero a junio de 2013 las sumas reembolsadas se multiplicaron por seis y llegaron a la friolera de 686.996 euros, unos 144 millones de las antiguas pesetas.

Por otro lado, las actas levantadas a empresas por dar ocupación a trabajadores beneficiarios de prestaciones o subsidios fueron 35 en el primer semestre de 2012, por un importe de 295.657 euros. Esa picaresca protagonizada por las compañías también se ha disparado un año más tarde. Así, en el primer semestre de 2013 el número de 'multas' a empresas fue 115, cuya suma arrojó la cantidad de 931.369 euros, un aumento del 228% en un año.

Se nota, pues, que el gobierno central ha recrudecido la lucha contra el fraude fiscal y ha endurecido los requisitos para ser beneficiario el paro. En lo que se refiere al primer semestre de 2013 -en el plano nacional- se ha retirado la prestación por desempleo a 60.004 beneficiarios por falta de disponibilidad para trabajar, incumplimiento de las condiciones de acceso o mantenimiento de las mismas. En 2012 fueron 'solo' 52.269 individuos, lo que implica un incremento del 14,80 % en un año, que por otra parte queda muy lejos aún del meteórico ascenso en Granada.

Esos datos llegan también tras el aumento de las inspecciones impulsadas por el Gobierno dentro de la campaña de lucha contra el fraude puesta en marcha en abril de 2012. «Los medios que dedicábamos antes a la salud laboral y a la prevención de riesgos en el trabajo los destinamos ahora a la persecución de delitos», reconoció a IDEAL un responsable de la Inspección Provincial.

Más engaños que la media

Emilio del Pino, secretario de Empleo y Relaciones Laborales de UGT Granada, apoyó que se persigan situaciones de fraude laboral, pero subrayó que debe ponerse el mismo énfasis en la detección y sanción de las actuaciones irregulares de los empresarios, «en materia laboral o de Seguridad Social, en aspectos fiscales o sobre cualquier otra vulneración del ordenamiento jurídico». Según el ugetista, los verdaderos nichos de defraudación a las arcas públicas empiezan en las grandes fortunas y empresas.

Para el representante de UGT, resulta llamativo que se empiece a combatir el engaño en las prestaciones por desempleo y no se vaya contra el fraude fiscal. Y eso le sorprende especialmente porque -según él- hay noticias de que no se deja a los inspectores investigar casos importantes y tampoco se hace nada contra los paraísos fiscales. Del Pino consideró impropio que se persiga solo la picaresca en las prestaciones por desempleo «cuando hay un 26% por ciento de economía sumergida en la provincia de Granada».

Desde Comisiones Obreras -aunque se mostraron favorables a que se combata cualquier tipo de trampas- criticaron que se «criminalice» a los trabajadores que cometen irregularidades «por necesidad y no por especular y hacerse ricos». «Es curioso que siempre pague la parte más débil, en lugar de los empresarios sin escrúpulos que se aprovechan de la situación de pobreza de algunas personas desesperadas», señaló la secretaria de Empleo de CCOO, Nuria López, quien exigió que el Gobierno de Mariano Rajoy libere la financiación adecuada para incrementar los recursos en la Agencia Tributaria y la Inspección Laboral.

En el primer semestre del año, según el senador socialista Juan Manuel Fernández, el Ministerio de Empleo también sancionó a decenas de parados granadinos con la pérdida por un mes de sus prestaciones por desempleo por no asistir a «teóricas reuniones en los Servicios Públicos de Empleo Estatal de las que, sin embargo, no recibieron notificación alguna de su convocatoria».

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