Calderón defiende que el empleo sea un "bien jurídico tutelado" penalmente

El fiscal superior de Andalucía dice que resulta "inconcebible" que en empresas con directivos con retribuciones millonarias sean despedidos en ERE cientos de empleados

EFEGRANADA
García Calderón, durante su comparecencia. /A. A./
García Calderón, durante su comparecencia. /A. A.

El fiscal superior de Andalucía, Jesús García Calderón, ha considerado "necesaria" una regulación de los delitos societarios, de modo que no sólo se proteja la viabilidad económica de una empresa o sociedad, sino también el empleo, que debería convertirse en un "bien jurídico tutelado" penalmente.

El representante del Ministerio Público, que ha ofrecido en la Facultad de Derecho de Granada una conferencia sobre "La corrupción en España", ha dicho a los periodistas que resulta "inconcebible" que, en empresas con algunos directivos que perciben retribuciones millonarias, sean despedidos en ERE cientos de empleados.

"Esa cantidad de dinero supone un atentado contra el empleo, que tiene que empezar a ser un bien jurídico tutelado por el Derecho Penal", ha dicho el fiscal superior andaluz, que cree "necesario" configurar como delitos aquellas cantidades que se sustraen de corporaciones mercantiles o sociedades para el abono de retribuciones a altos directivos.

En algunos casos, esas altas retribuciones, que superan los diez millones de euros, pueden tener "una clara voluntad apropiatoria", cuando persiguen "confiscar" más que percibir un salario, ha expuesto.

Por ello, aboga por que los delitos societarios no sólo protejan la viabilidad económica de una empresa, sino la continuidad de ésta como fuente de empleo, ya que con la ganancia millonaria de unas pocas personas "a lo mejor" centenares de trabajadores no tendrían que perder sus puestos de trabajo en expedientes de regulación.

"La reforma de los delitos societarios (...) tiene que valorar en el futuro la articulación de delitos contra el empleo como bien jurídico, que tiene que ser tutelado por el Derecho Penal", ha insistido el fiscal andaluz.

En la conferencia, según ha avanzado a los periodistas, ha presentado el problema de la corrupción como una forma de crimen organizado desde el punto de vista jurídico-penal y ha afirmado que, si se es consciente de esa dimensión, habrá que calibrar "el principio de proporcionalidad" en la investigación.

Ese principio no es una "mera conjetura teórica" sino que es "decisivo", ha añadido, para la adopción de medidas cautelares o la incautaciones de bienes.

Como causas de la corrupción, y sin citar ningún caso concreto, ha apuntado a la falta de intervención a la hora de disponer de fondos públicos, la ausencia de órganos de fiscalización contables y, en general, al incumplimiento de la legalidad administrativa.

Pero más allá de combatir la corrupción, que presenta un comportamiento "transversal" y que afecta más a los colectivos, importa para el futuro la forma en la que se reacciona ante ella.

Al respecto, entre otras cuestiones, propone que el Código Procesal Penal promueva "de una vez" una acotación temporal de la fase de investigación, aunque ésta fuera "flexible" o prorrogable.

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