Los impagos de las constructoras a raíz de la crisis mandaron a pique a la empresa eléctrica de José Miguel García Gallardo, que llegó a tener 120 empleados. El empresario granadino perdió hasta su vivienda familiar por culpa de estas deudas que nunca llegó a cobrar. Pero volvió a levantarse y montó otra empresa, Instalaciones eléctricas Vina Electric, a nombre de su yerno y con la casa de su hija como aval.
Ahora, está a punto perder esta vivienda también porque la historia se repite: los impagos de las empresas para las que trabaja amenazan con arruinar a esta pequeña eléctrica granadina. Esta vez, la que no les paga es la promotora de un vivero de empresas levantado en el Parque Tecnológico Rabanales 21 de Córdoba. Desesperado, el granadino y otros nueve representantes de las subcontratas que ejecutaron la obra y que siguen sin cobrar, permanecen en huelga de hambre y encerrados en el edificio para exigir que les paguen la deuda pendiente.
La sociedad Rabanales 21, del Parque Tecnológico Científico de Córdoba –participada por la Junta, el Ayuntamiento de Córdoba, la Diputación y la Universidad, además de por cajas de ahorros– adjudicó las obras del vivero de empresas a la UTE Jícar-Gea21, que es la que no paga a sus subcontratas, entre ellas la granadina. Según los empresarios afectados, la UTE alega que no les paga porque no ha recibido la subvención que le debería llegar de la Junta de Andalucía. Por su parte, la delegación provincial del gobierno autonómico en Córdoba rehusó ayer hacer declaraciones sobre este tema.
Los empresarios que levantaron el edificio no cobran desde el mes de abril y solo en el caso de la empresa de electricidad granadina tienen pendiente una deuda de más de 460.000 euros. Ayer, desde Córdoba, encerrado con sus compañeros de fatigas, José Miguel García contaba su historia llorando como un niño por la desesperación y la impotencia.
«Me han devuelto 246.00 euros en pagarés, no me han entregado facturas por valor 115.000 euros y hay otro vencimiento para julio de 170.000 euros», explicaba desconsolado. «Yo ya he cerrado una empresa, porque Garasa no me ha pagado, y ahora voy a perder otra. Y esto supone que se lleven la casa de mi hija», lamentaba el empresario, que subraya la cruz que tiene la pequeña y mediana empresa con los impagos acumulados.
«Es que yo no me he buscado esto, ya está bien de trabajar sin que te paguen. Nos dicen que hemos ganado mucho dinero, pero en la obra pública nunca nos pagan en los 75 días que establece la ley y si denuncias que no cobras te amenazan con que no trabajas más». García y sus compañeros piensan mantener la protesta sin fecha límite, encerrados de día y de noche. Es demasiado lo que él se juega: «O cobro lo que me deben o aquí me muero de hambre».
