Manuel Morales ha valorado la imputación de la diputada provincial de empleo, María Merinda Sádaba como un hecho "gravísimo" derivado de su "irresponsabilidad política por decidir a dedo a quien se le paga y a quien no sin ningún tipo de respaldo jurídico que lo avale" en referencia a la decisión de no pagar a los empresarios que participaron en el proyecto POCTEFEX, concretamente en la ciudad de Chaouen en el norte de Marruecos.
La diputada de empleo se acoge a un decreto de fiscalía que dice "que hay determinadas facturas que necesitan esclarecerse y que se encuentran dentro de la investigación” enviando, según Izquierda Unida, una nota interna con 'datos falsos' al interventor de la diputación, diciéndole que en función de esta investigación no se pueden pagar estas facturas", según el documento facilitado por IU en esta investigación no se habla en ningún momento de estas facturas ni de estos empresarios en este documento, sino de otros distintos. "Una nota interna de la diputada con datos falsos que induce a un error al Interventor y que lo único que busca es que una política desde la mesa de su despacho esté diciendo a qué empresarios se les pagan las facturas y a qué empresarios no, con criterios políticos y nada técnicos, que lo único que buscan es un beneficio partidista de cumplir con una estrategia de la dirección provincial del partido popular de intentar desgastar al anterior equipo de gobierno para tapar la inactividad, la falta de impulso y la ineficacia de del actual equipo de gobierno del PP, sin importarles poner en entredicho la profesionalidad de empresarios de esta provincia y la continuidad de sus negocios".
Morales ha considerado a los empresarios que no cobran por sus trabajos "víctimas de esta estrategia urdida por el PP, que también está perjudicando gravemente a los ciudadanos de esta provincia ya que se está gastando dinero público para pagar a bufetes privados de abogados para llevar a cabo esa persecución política".
Por su parte, la diputada de IU, María Asunción Pérez Cotarelo, ha dado cuenta de las actuaciones llevadas a cabo con los fondos europeos en el norte de Marruecos resaltando de forma muy especial que al final de las investigaciones todo quedará en nada, "pero eso sí, con un alto precio pagado por los granadinos", ya que según Cotarelo, "la paralización por parte de los populares de estos proyectos financiados en un 80% con fondos europeos, supone precisamente la pérdida de más de dos millones de euros que al final no vendrán a Granada, pero que si se tendrán que pagar por los trabajos realizados, en este caso con el dinero de la diputación provincial, o lo que es lo mismo, con el dinero de los granadinos y granadinas además de la perdida de negocio que a los empresarios de Granada se les abría en el norte de Marruecos" ha asegurado Cotarelo.
