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C. MORÁN
Miércoles, 6 de junio 2012, 20:15
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José Chamizo, Defensor del Pueblo Andaluz, ha remitido una carta a Jesús García Calderón, Fiscal Superior de Andalucía, en la que le solicita que sopese la posibilidad de abrir una investigación para tratar de aclarar si hay indicios de delito en la comercialización de las llamadas participaciones preferentes, un producto bancario que parece que ha acabado por convertirse en una trampa sin salida para decenas de personas. En Granada, por ejemplo, la cifra de afectados podría ascender a ocho mil 67.000 en toda la comunidad autónoma:todos ellos invirtieron sus ahorros con la promesa de obtener unas ventajas «que finalmente no se han cumplido», indica el Defensor en la misiva que ha enviado a la Fiscalía Superior, cuya sede está en Granada.
En su escrito, Chamizo describe situaciones sorprendentes: según la información que maneja la oficina que dirige, hay perjudicados que han aportado «copias de contratos sin firma, suscritos con la huella dactilar o por menores de edad».
Ancianos
El Defensor andaluz también recuerda que buena parte de los damnificados son ancianos que se encuentran en apuros económicos, pero no pueden disponer de su dinero, «ni siquiera para hacer frente a sus necesidades más básicas» o a «urgencias sobrevenidas».
Este estado de cosas, agrega Chamizo, está deteriorando la salud de estas personas «por la ansiedad y estrés» que esté embrollo les está causando.
En este sentido, propone al Fiscal Superior que estudie «la posibilidad de iniciar una investigación» sobre este asunto.
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