La juez que investiga los ERE fraudulentos ha abierto una línea para determinar el presunto "enriquecimiento ilícito a costa de los fondos públicos" de los despachos de abogados Garrigues y Villasís, mediadores en las ayudas concedidas.
La juez Mercedes Alaya, en un auto, destaca, entre otros hechos "llamativos", la discordancia que existe entre los 724.388 euros que la Junta declaró, a efectos de IVA, haber recibido en servicios de Garrigues en el año 2003 y los solo 49.160 euros que este despacho manifestó haberle facturado.
Se trata de una "discordancia" de 675.228 euros que la juez considera "significativa" y por ello acuerda requerir a la sede central de Garrigues en Madrid para que informe sobre el "organigrama detallado, por departamentos", de su oficina en Sevilla, con especificación de las funciones de cada uno desde 1999 hasta la actualidad.
Entre el medio centenar de personas imputadas hasta ahora, entre "intrusos" de los ERE y cargos de la Junta, se encuentran los letrados José Miguel C.R. y Juan Antonio L.C., del bufete Garrigues, y Carlos L.B. y Daniel G.M., de Estudio Jurídico Villasís.
En uno de los autos notificados el pasado viernes a las partes personadas, la juez de instrucción 6 de Sevilla precisó que el objeto de la "nueva línea de investigación" abierta por ella misma y por la Guardia Civil son estos dos bufetes y su presunto "enriquecimiento ilícito a costa de los fondos públicos con motivo de las subvenciones concedidas".
Por ello, pide a la Junta y a la oficina central de Garrigues para que aporten, en un plazo de veinte días, todas sus cartas de encargo, pliego de condiciones para la adjudicación de contratos, facturas emitidas, expedientes de gasto, medios de pago e informes derivados de dicha prestación.
Ambos despachos intervinieron en la gestión de los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) investigados, en los que se detectaron "intrusos" que nunca habían trabajado en las empresas y otras irregularidades como haber destinado 109.620 euros recibidos de la Junta para ayudas sociolaborales a pagar una factura de Garrigues para la empresa ACYCO.
El pasado 16 de mayo, la juez interrogó como imputado al jefe de Recursos Humanos de ACYCO y entonces expresó su extrañeza por el hecho de haber contratado a "un despacho tan caro como Garrigues" para tramitar el ERE, a lo que el imputado respondió que no era necesario, dado que él mismo era abogado, aunque añadió que eso no le preocupaba a nadie en la compañía "porque la impresión que tenían es que todo iba a estar financiado por la Junta".
Alaya también preguntó por la participación en el ERE de ACYCO del coordinador en material laboral de Garrigues y por el presunto conocimiento, por parte de este bufete, de que la presidenta de ACYCO había sido incluida en el ERE pese a seguir trabajando al frente del consejo de administración.
