La juez que investiga los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) fraudulentos ha asumido la parte de la denuncia relativa a la compra de cocaína con las ayudas, según declaró el chófer del ex director general de Trabajo imputado Francisco Javier Guerrero.
La juez de instrucción 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, ha emitido hoy tres autos en los que, entre otros asuntos, acuerda pedir a la Junta información sobre las ayudas pequeñas y las denegadas con cargo al llamado "fondo de reptiles" y no solo las concedidas, según han informado a Efe fuentes judiciales.
También ordena a la Guardia Civil investigar las empresas vinculadas a Ángel Rodríguez de la Borbolla, alcalde socialista de Cazalla de la Sierra (Sevilla) durante veinte años y hermano del expresidente de la Junta José Rodríguez de la Borbolla, así como las que gestionaron los exconcejales socialistas de El Pedroso (Sevilla) José Enrique Rosendo y José María Sayago.
Además ha acordado investigar las empresas de Juan Francisco Trujillo, chófer de Guerrero que declaró que con las ayudas de la Junta compró cocaína para su jefe.
La juez ha notificado a las partes que los dos juzgados de Andújar (Jaén) que abrieron diligencias por delito fiscal contra Trujillo por presunto fraude en las ayudas han acordado inhibirse a su favor, lo que significa que Alaya investigará también la declaración del chófer de que con "la mayor parte" del dinero percibido compró cocaína.
Trujillo manifestó a los jueces de Andújar que recibió 900.000 euros en subvenciones para dos proyectos de su propiedad, que parte del dinero se lo dio en mano a su jefe y también, a solicitud suya, "la mayor parte del dinero lo dedicó a comprar cocaína para su jefe y para él" y para "otros gastos como ir de fiestas y de copas".
La juez ha nombrado además a dos funcionarios de la Administración General del Estado para que analicen "los procedimientos contables y de gestión en relación a las transferencias de financiación" de la agencia IDEA, a través de la cual la Junta repartió las ayudas investigadas.
También acuerda pedir auxilio judicial a la Agencia Tributaria, como le había pedido la Fiscalía Anticorrupción.
Respecto a las actas del consejo de Gobierno de la Junta desde 2001, que Alaya tiene en su poder tras un pronunciamiento favorable del Tribunal de Conflictos Jurisdiccionales del Tribunal Supremo, la juez informa al medio centenar de abogados personados que, dado lo voluminoso de la documentación, pueden consultarlas en la secretaría de su juzgado, tras pedir cita al secretario judicial.
La juez, que investiga a un centenar de "intrusos" aparecidos en los ERE y las ayudas socio-laborales de la Junta a varias decenas de empresas, ha acordado también ampliar las investigaciones a nuevas empresas de la Sierra Norte como "Vivir el Barro", "Refractarios Andaluces" y "Refractarios de Guadalcanal".
Finalmente, la pedido a la Junta que informe de todas las comisiones cobradas por Vitalia y Uniter, las aseguradoras que intermediaron en las ayudas.
