El Tribunal Supremo ha acordado elevar cuestión de inconstitucionalidad ante el Constitucional en relación con una disposición de la Ley de residuos y suelos contaminados con la que, según la Plataforma por la Defensa del Río Castril (Granada), se intentaba "legalizar" las obras de su trasvase.
Así consta en el auto de la Sala de lo Contencioso Administrativo (Sección Quinta) del alto tribunal por la referida plataforma, que mañana tiene previsto valorar esta decisión frente al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).
El Supremo ha acordado en concreto elevar cuestión de inconstitucionalidad en relación con la Disposición Adicional de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y Suelos Contaminados.
Al respecto, el TS hace referencia a la posible infracción de tres artículos de la Constitución Española en la disposición en discordia, con la que -a juicio de la plataforma de Castril- se habría pretendido "saltar" la sentencia firme que declaró ilegales las obras y expropiaciones del trasvase del río.
La decisión del Supremo se produce después de que el colectivo le pidiera a ese órgano que interpusiera un recurso de inconstitucionalidad a la referida disposición, dado que la propia plataforma no podía proponer la presentación del mismo directamente ante el Tribunal Constitucional.
Desde la Plataforma se denunció la actuación llevaba a cabo por el entonces Ministerio de Medio Ambiente y la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, al considerar que intentaban dar cobertura legal a unas obras ya declaradas "ilegales" por parte del Tribunal Supremo y que tienen incluso ordenada su paralización.
