Técnicos y arquitectos municipales de la mayor parte de los ayuntamientos de la provincia, mantienen este miércoles un encuentro con los responsables de la Junta de Andalucía para conocer de primera mano el decreto recientemente aprobado por el Gobierno andaluz y mediante el cual numerosas viviendas construidas de forma ilegal podrán salir a la luz al haber prescrito la infracción. Tanto la delegada del Gobierno, María José Sánchez, como la de Obras Públicas y Vivienda, Nieves Masegosa, explican a todas estas personas –que han abarrotado el salón de actos de la sede central de la Administración andaluza— los objetivos de la nueva normativa, que no pasan por una “amnistía generalizada” para cuantas edificaciones se levantaron sin los permisos correspondientes o en zonas no edificables, sino dar amparo legal a cuantas de estas edificaciones pueden verse beneficiadas a partir de determinados criterios de corte.
“El decreto lo que pretende es buscar una solución a las viviendas que se han hecho en suelo no urbanizable para que respeten unas normas mínimas que permitan que esa regularización no se contradiga con la LOUA (Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía)”, ha manifestado Sánchez momentos antes del encuentro con el colectivo de técnicos.
La Junta de Andalucía quiere que sean los propios ayuntamientos de toda la provincia los que se impliquen en este asunto, puesto que suyas son las competencias urbanísticas y también la obligación de dar a conocer qué es lo que ha ocurrido en sus respectivos municipios en la materia de la que se trata.
Pese a que la Junta ha calculado en unas 250.000 las viviendas ilegales que se levantaron en cualquier rincón de la geografía andaluza, lo cierto es que no tiene –o no ha estimado oportuno darlo a conocer— datos sobre cuantas de ellas le corresponden a la provincia de Granada.
