Según informa la portavoz del Grupo Municipal de Unión Progreso y Democracia, Mayte Olalla, el Ayuntamiento está privatizando cada vez más sus competencias. Esta vez se trata del área de Juventud. Se está reorganizando y recortando el Centro de Información Juvenil y la Casa de la Juventud. Si bien dicen desde el consistorio que se hace para unirlos en uno sólo, la realidad es que los servicios van progresivamente a menos aunque lo disfracen con un supuesto aumento por tener más horas abierto al público. La situación es que “hace tan sólo 8 años Juventud contaba con una plantilla de 17 personas con diferentes cualificaciones, más dos dinamizadores provenientes de una empresa privada; hoy por hoy, hay 9 personas de plantilla y 8 dinamizadores”, comenta la señora Olalla.
La concejala añade que está claro que cada equipo de gobierno puede decidir cómo gestionar y quién o cómo se han de prestar los servicios. Entiende que está claro que el PP siempre ha apostado por una administración reducida. No obstante, explica, al margen de que UPyD evidentemente no esté de acuerdo con la privatización de los servicios públicos salvo en muy justificadas ocasiones y siempre que el servicio no sufra ninguna merma y no cueste más caro y a su vez, si el coste es más bajo, no sea por una injusta remuneración de las personas que son contratadas por la empresa privada para desarrollarlo, lo que sí es muy criticable, es que todo esto se esté haciendo con nocturnidad y alevosía; “da la casualidad que esta empresa, Grupo Educativo, la lleva en Granada una persona afín al PP; y muchas de las personas contratadas a través de esta empresa que trabajan en el Ayuntamiento no tienen titulación de animadores pero casualmente de nuevo, sí están afiliados al PP”, subraya la edil. Y para colmo, todo esto se hace supuestamente en aras de “la austeridad”.
Mayte Olalla termina diciendo “me temo que estamos asistiendo no sólo al desmantelamiento de la función pública a costa de su privatización, sino que además se está haciendo con la fórmula del enchufismo y el clientelismo que les recuerdo es ilegal como forma de acceso a la administración pública desde que estamos en democracia”.
La concejala comenta además que internamente, dentro de la intranet del Ayuntamiento, se están denunciando este tipo de desmanes los cuales están teniendo mucho eco entre las casi 1800 personas que trabajan en el consistorio. “Lo triste es que quien es capaz de denunciar es alabado por su valentía; es triste porque no olvidemos que estamos en democracia y se trata de personas que han ganado su plaza por oposición y no debieran temer a nadie. Pero es conocido que quien se señala, puede terminar siendo “castigado” de muy diversas formas. Me parece atroz que algo así se esté dando en una administración en pleno siglo XXI” termina subrayando Olalla.
