IU denuncia que el Ayuntamiento de Granada no es capaz de garantizar la continuidad de la ayuda a domicilio. “Entre el equipo de gobierno que saca por tercera vez a concurso el servicio de ayuda a domicilio y el 1.800.000 euros que debe la junta, 3.000 usuarios no saben qué va a pasar con su futuro”.
Así lo afirma la concejala de IU en el Ayuntamiento de Granada Maite Molina, quien considera que nos encontramos con una cascada de recortes derivados de una reducción de la aportación municipal de un 30%, o lo que es lo mismo un millón de euros, que sumado al 1.800.000 euros de deuda de las transferencias de la junta de Andalucía, y el recorte del último decreto del gobierno del consejo ministros 30 diciembre 2011, “hace que en estos momentos casi mil personas en Granada se hayan vistos afectados hasta ahora”.
La representante de IU afirma que el hecho de sacar a concurso por tercera vez la ayuda a domicilio hace sospechar que la adjudicación del nuevo contrato no se haga efectiva hasta después de las elecciones andaluzas “con lo que nos tememos un tijeretazo más a la ayuda a domicilio”.
Este lunes 30 de enero volvió a publicarse de nuevo en el BOP el contrato de adjudicación del servicio de ayuda a domicilio, con lo que esta noticia nos deja sin saber quién va a encargarse de la prestación del SAD municipal y la prestación de la dependencia, cuando tal y como se informó desde Contratación y en la línea propuesta por IU, se recomienda encarecidamente al equipo de gobierno, “que es más económico y garantiza prestación de mayor calidad a los usuarios de la dependencia que el servicio se preste directamente por el ayuntamiento”
Según la edil de izquierdas el PP sigue adeudando a la actual empresa adjudicataria del servicio de ayuda a domicilio 10,5 millones de euros, “fruto de esta deuda es por lo que sospechamos que no está exigiendo a la misma que cumpla con las condiciones del contrato, y especialmente es grave porque la plantilla municipal fue amenazada la semana pasada de que no iba a cobrar las nóminas del mes de enero, y a 2 de febrero esto sigue siendo así cuando normalmente cobran entre el 29 y el 30 de cada mes de manera habitual”.
Molina supone que además detrás de todo esto puede haber una estrategia de “represión laboral” por parte de la empresa que lleva actualmente el servicio, porque desde contratación esperan que la adjudicación final sea para la empresa catalana ABD la que finalmente se encargue de prestar la ayuda a domicilio. La concejal sostiene que el Ayuntamiento debe ser responsable con un servicio tan esencial para 3.000 usuarios que no saben qué va a pasar con este servicio y “exige el cumplimiento de las condiciones del contrato hasta que termine la prórroga del contrato en el mes de abril”.
Los datos esgrimidos por Maite Molina ponen en entredicho unos 800 puestos de trabajo que pueden desaparecer “son 800 familias que tienen que comer, estamos hablando de represión laboral que no supervisa ni el Ayuntamiento ni la Junta de Andalucía como principal subvencionadora del servicio, estamos hablando de que el PP ha recortado el SAD en un 33%, un millón de euros menos en el presupuesto 2012 sino de que además al equipo de gobierno de Torres Hurtado no le interesa este servicio pues Granada fue el último Ayuntamiento de España en firmar el convenio para acogerse a la Ley de dependencia”
Desde IU también han exigido que la Junta de Andalucía abone lo que debe y ejerza el control responsable sobre los fondos que destina a la dependencia “y que el Ayuntamiento de Granada diga claramente cuáles son sus intenciones con la ayuda a domicilio porque nos tememos lo peor. La ayuda a domicilio está en juego” finaliza Maite Molina
