Hoy se presentará ante el consejo rector la declaración de ruina de un edificio en la Placeta de Sánchez, en el barrio del Albaicín, que deberá ser desalojado para proceder a su rehabilitación (nunca una demolición). Esta medida se ha adoptado después de haber tramitado un expediente de ruina que ha contado con aprobación inicial, traslado y notificación a los inquilinos, que gozaron en su momento de un plazo para presentar alegaciones. Según explica la concejal de Urbanismo, Isabel Nieto, el Ayuntamiento ha estado interviniendo en esta casa desde 2004 hasta «extralimitarse en sus obligaciones». Tiene cinco viviendas, de las cuales tres han estado siempre vacías y dos se han ocupado. En estas últimas han intervenido los asistentes sociales del servicio de rehabilitación de la Gerencia de Urbanismo, que han estado en contacto con las inquilinas para intentar pactar el realojo en otro sitio mientras se rehabilitaba el inmueble. Una de ellas aceptó y el Ayuntamiento la reubicó en otra vivienda durante tres años, en los cuales desembolsó 13.500 euros en concepto de alquiler.
La ley dice que un edificio es declarado en ruina cuando el coste de la rehabilitación supera el 50% del valor de tasación del inmueble, «es algo matemático», explica Nieto. Eso no significa que el inmueble se pueda demoler. Si el propietario derribara el edificio se enfrentaría a una sanción de hasta 120.000 euros, ya que está catalogado y lo que hay que hacer es reconstruir la zonas más deterioradas y rehabilitar el resto. El inmueble está tasado en 353.326. El presupuesto de la rehabilitación, 347.000 euros.
El Ayuntamiento tenía establecido un convenio con la Junta de Andalucía, que desapareció en 2009. Según constaba, el organismo regional aportaba una cantidad fija de 120.000 euros anuales y el Consistorio firmaba un acuerdo con el propietario de cada inmueble por el que se comprometía a mantener a los inquilinos con la misma renta y aportaba el 30% del valor de la rehabilitación, o bien cedía al Ayuntamiento las viviendas que se quedaran vacías durante varios años para utilizarlas en otros realojos. A pesar de que el propietario del edificio de la Placeta de Sánchez solicitó el programa y la subvención de rehabilitación, que se le concedió, el propietario finalmente no llegó a firmar el convenio porque no quería pagar los 60.000 euros que le correspondían ni ceder viviendas al Ayuntamiento.
La Gerencia de Urbanismo, teniendo en cuenta la mala situación del edificio, decidió hacerse cargo de los inquilinos. Una de ellas estuvo realojada en otra casa durante 3 años (desde 2007), hasta que voluntariamente se marchó. Sin embargo, sigue pagando su alquiler para mantener sus derechos de inquilina. Mientras tanto, la otra mujer siempre se ha negado a marcharse, a pesar de las advertencias sobre la peligrosidad de seguir allí. La vecina, aconsejada por su abogado, pide una indemnización. «Si hubiera aceptado el realojo, seguramente ya estaría rehabilitada la vivienda», asegura Isabel Nieto.
Obra de gran complejidad
La concejal de Urbanismo explica que se llegó incluso a adjudicar la redacción del proyecto a un arquitecto, presupuestado en 347.000 euros. El edificio está tan mal que hay que desmontar la escalera y reconstruirla, es decir, que se trata de una obra de gran complejidad. Desde 2004 se dieron órdenes desde la Inspección Técnica de Edificios (ITE) para iniciar los trámites, que incumplió el propietario, por eso el Ayuntamiento hizo por ejecución subsidiaria actuaciones urgentes. En ese momento se iniciaron los contactos con las dos vecinas para que admitieran el realojo.
El propietario, al no aceptar el pago de 60.000 euros que le exigía la Gerencia, presentó un escrito en el que renunciaba al programa de infravivienda. A continuación solicitó una subvención a través del servicio de rehabilitación concertada de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía (EPSA) de la Junta, pero se lo denegó por falta de disponibilidad presupuestaria.
«Ahora lo que hacemos es declarar la ruina, quedando bien claro que no procede la demolición, solo la rehabilitación», asegura Nieto. La solución para desatascar la situación pasa por que el propietario del edificio interponga una demanda contra la inquilina que se niega a abandonar su casa para conseguir el desalojo. El problema es que este señor vive fuera de España y no está mostrando demasiado interés por solucionarlo, según explica la concejal de Urbanismo. «La casa está en ruina y no debe vivir allí nadie, –asegura la edil–, el tiempo va en contra de la casa».
Isabel Nieto cree que el propietario «no debería haber dejado que el inmueble llegara a estas condiciones ni dar lugar a que la administración tenga que actuar de forma subsidiaria y tenga que asumir el realojo de sus inquilinos, pero él vive en el extranjero y no se hace cargo». Las únicas medidas que puede adoptar el Ayuntamiento para obligar al propietario a que actúe es imponer multas coercitivas, pero «mientras esté esa inquilina ahí no podemos actuar contra el propietario. Tenemos las manos atadas».
IDEAL intentó hablar con la inquilina del edificio del barrio del Albaicín, pero fue imposible. Por su parte, el propietario del inmueble reside fuera del país y tampoco ha podido ser localizado.
