Las personas que se consideran víctimas de Antonio Javier Ruiz Plazas, el gurú de la comunidad hinduista 'Vadika Pratishana Sangha', instalada en una Casa Yoga de Armilla (Granada), están "muy contentas" de la denuncia interpuesta por la Fiscalía de Granada contra éste, puesto que la resolución da respuesta a "prácticamente todas sus demandas".
Así lo ha señalado Manuel Ramírez, el abogado de varias de las personas posiblemente perjudicadas por las técnicas "de persuasión coercitiva" de Plazas, al que el fiscal atribuye un posible delito de asociación ilícita y tantos delitos contra la integridad moral como personas afectadas, que podrían ser una veintena de toda España.
Ramírez, que representa a víctimas de Granada y Cádiz, ha señalado que se personará en la causa judicial una vez que sea abierta en un Juzgado de Instrucción como acusación particular y parte perjudicada, y que las conductas descritas por sus representados pueden implicar, además de los aludidos por la Fiscalía, delitos contra la Hacienda Pública, apropiación indebida, estafa, de blanqueo de capitales, e incluso relacionados con menores de edad.
Para el abogado, la atribución de posible asociación ilícita a este presunto líder sectario es algo novedoso en la jurisprudencia española, puesto que este delito se le suele imputar a terroristas y no a personas que, como Plazas, se les acuse de "anular las personalidad e influir y perjudicar a sus adeptos". "Casi nunca se han abierto diligencias de investigación penal por temas de estas características", ha informado el letrado.
En su opinión, una vez que se abra la investigación judicial se descubrirá que las víctimas de Plazas, entre familiares, ex adeptos y actuales discípulos, son "muchos más que una veintena" y además procedentes de toda la geografía del país.
Por ahora, la Fiscalía ha detectado un total de 22 posibles perjudicados, y denuncia por hacer un "uso sistemático de técnicas de persuasión coercitiva", "engañando y presionando psicológicamente" a los integrantes de su comunidad a Plazas, de 56 años, si bien deja la puerta abierta a que la instrucción del caso evidencie que otras personas son también penalmente responsables de los mismos hechos.
