La Fiscalía Superior de Andalucía cree necesario la mejora de los medios materiales y personales de las Secciones de Violencia contra la mujer, que requieren un soporte informático adecuado, un registro único que conjugue su actividad interna con la labor jurisdiccional y asistencial, y la actualización de las plantillas de los funcionarios adscritos a estas delegaciones.
Así se desprende de la Memoria 2009 de la Fiscalía Superior de Andalucía, en la que se insta además a la firma con la Junta de Andalucía de un nuevo convenio de colaboración con el Ministerio Público, porque el suscrito en 2004 ya ha quedado "obsoleto" y "existe la necesidad de descender a unos planteamientos más concretos de trabajo y referidos, como materia prioritaria, a la coordinación institucional en la detección de la violencia de género".
Todas las fiscalías andaluzas, señala la Superior, muestran una "preocupación constante" sobre esta cuestión, y consideran necesario el impulso de este nuevo convenio, y que el documento logre canalizar soluciones rápidas y eficaces.
En cuanto a las "carencias" detectadas, la fiscal delegada de Huelva alerta de los problemas en el registro informático de asuntos, y la de Cádiz señala la "falta de eficiencia" de este instrumento, que es compartido. Jaén incide por su parte en que existen "deficiencias" de acceso al registro de maltratadores por las propias deficiencias de instalación en los despachos de los fiscales; mientras que Granada advierte de que es necesario que el Ministerio Público maneje los mismos datos que el juzgado en cuestiones de violencia de género, porque el registro actual mezcla violencia doméstica con la de género, "enmascarándose" así los datos.
También la Fiscalía de Córdoba alerta de que la aplicación actual es "absolutamente insuficiente" para llevar un control real de los asuntos de violencia sobre la mujer y familiar y los asuntos de familia; y la de Almería apunta otra disfunción informática al recordar que no es posible conocer las sentencias que se han dictado en relación a todos y cada uno de los tipos delictivos, tan sólo las correspondientes a lo que la aplicación denomina 'maltrato familiar' y 'violencia habitual' sin precisar si pertenecen a violencia de género o doméstica. Por ello en la Fiscalía de Almería se lleva un registro manual de sentencias, distinguiendo entre condenatorias y absolutorias.
En lo que respecta a la necesidad de más medios personales, las Fiscalías andaluzas reivindican la actualización de las de los funcionarios adscritos a las Secciones contra la Violencia sobre la Mujer, "que prácticamente desde su creación no han sufrido aumento, salvo casos puntuales de refuerzo" y pese a que los Juzgados de Violencia andaluces han aumentado considerablemente desde su andadura en julio de 2005.
Así, en Sevilla, la fiscal delegada mantiene que "para lograr el correcto funcionamiento de la Sección y la efectividad real de los mecanismos de protección que se establecen para las víctimas de violencia de género, es necesaria una dotación adecuada de los medios no sólo materiales sino también personales si queremos cumplir el fin último de la Ley Integral que es la prevención y la erradicación de la violencia de género".
Por otro lado, la situación de Almería la describe el hecho de que exista un único funcionario que asiste al grupo de cuatro Fiscales de Violencia sobre la Mujer en esa localidad y sin dedicación exclusiva. En Huelva, la "caótica situación" atravesada por la Fiscalía pudo ser resuelta tras la intervención de la Fiscal de Sala de Violencia a la Mujer, y la Sección se encuentra auxiliada por un funcionario del Cuerpo de Gestión Procesal que se encarga de registrar todas las causas que llegan procedentes del Juzgado de Violencia sobre la Mujer.
En este sentido, la Fiscalía Superior, indica en su memoria anual, ha trasladado "reiteradamente" la "urgente necesidad" de ampliación de las plantillas auxiliares de todas las Fiscalías del territorio a través de la Comisión Mixta.
Tal creación de una Relación de Puestos de Trabajo en las Fiscalías especializadas de violencia ha de ser catalogada "como una necesidad muy urgente que debe ser resuelta con prontitud y de forma igualitaria en la ratio de creación de plantilla auxiliar con los órganos judiciales, dado que las plantillas de las Fiscalías se encuentran absolutamente desbordadas".
