La Audiencia Provincial de Granada ha absuelto al alcalde de Almuñécar, Juan Carlos Benavides (CA), del delito de coacciones contra la adjudicataria de la televisión municipal en 2004 por el que fue condenado a 28 meses de prisión e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo por el Juzgado de lo Penal 1 de Motril.
Según informaron fuentes municipales, los magistrados, que revisaron el fallo el pasado 29 de enero tras el recurso presentado por el primer edil, han acordado revocar la resolución judicial "con todos los pronunciamientos favorables".
Fue el pasado 29 de junio cuando se dio a conocer la decisión del juez de Motril, que entendió que Benavides atacó a la libertad de expresión e información de la empresa al "ordenar" o "consentir" los cambios de cerradura y el corte de fluido eléctrico de sus instalaciones.
En la sentencia se señalaba además que el alcalde estaba "al corriente de todo" y que con su modo de actuar vulneró los derechos fundamentales de la mercantil 'Medios Informativos Costa Tropical S.L.' "impidiéndole el normal desarrollo de producción y emisión de programas".
El juicio
El 10 de junio de 2009 quedó visto para sentencia el juicio por en el cierre, por la fuerza, de la empresa concesionaria de la televisión local de Almuñécar. La defensa del alcalde y del Ayuntamiento por un lado, y por el otro Ministerio Fiscal y Acusación direon, durante la sesión, versiones muy distintas de los episodios que tuvieron lugar en enero de 2004, cuando el el Ayuntamiento almuñequero cambió las cerraduras de las instalaciones que empresa 'Medios Informativos de la Costa Tropical S. L.', concesionaria de la televisión local, necesitaba para emitir y la dejó sin suministro eléctrico.
La defensa de Benavides se aferró a las múltiples irregularidades de la concesión a la empresa que dirigía Vicente Fernández y a sus incumplimientos para justificar el corte del suministro eléctrico, acordado en junta de gobierno y notificado correspondientemente a la empresa, según esgrimieron. La defensa alegó que Benavides nunca dio la orden del cambio de cerraduras, "ni tuvo relación con estos hechos que estaban motivados" como acreditaron los testigos, entre ellos concejales del equipo de gobierno y empleados municipales. Los abogados de la defensa subrayaron además que el corte del suministro eléctrico, acordado en Junta de gobierno y "notificado a la empresa" se hizo en defensa del " interés público" para que los almuñequeros no pagaran los costes de luz, agua y limpieza de una sociedad privada.
Por su parte, el Ministerio Fiscal dio una versión totalmente contraria y consideró probadas las coacciones, con el gravante de la utilización de medios públicos, fuerza y una posición de superioridad. El abogado de la acusación, Jose Carlos López Pérez, fue más allá y planteó el cierre de la televisión local como el fin de un plan perfectamente orquestado por el equipo de gobierno de Benavides para echar a una televisión que le era molesta.
El fiscal pidió en un día una condena de dos años y seis meses de prisión por un delito de coacciones con la agravante de abuso de cargo público, además del pago de una multa de 36.000 euros e indemnización mientras que la acusación particular reclamó tres años de cárcel y 20 años de inhabilitación (10 especial por prevaricación y otros 10 por atentar contra los derechos constitucionales) para ejercer cargo público.
