El Juzgado de lo Penal 3 de Granada ha absuelto a los diputados provinciales del PP José Antonio Robles y Antonio Granados de los delitos de calumnias e injurias de los que fueron acusados por la ex eurodiputada socialista Francisca Pleguezuelos. En la sentencia, el juez enmarca las manifestaciones vertidas por ambos en dos conferencias de prensa celebradas en febrero de 2008 en el contexto de "investigación y control político de la oposición", y considera que las declaraciones que hicieron "no pasan de ser una crítica política", sin que se vislumbre en ellas "una imputación delictiva concreta".
Pleguezuelos se querelló contra Robles y Granados después de que ambos insinuaran que durante el gobierno del PSOE en Granada cargos socialistas accedieron a pisos de protección oficial -que finalmente resultaron ser de renta libre- en bloques construidos por Emuvyssa, la empresa municipal de vivienda.
Las insinuaciones también fueron dirigidas contra la entonces consejera de Justicia María José López, al preguntarse el PP que si como consejera delegada que fue hace años de Emuvyssa era "ético que quien tiene que poner los precios adquiera una vivienda". En cualquier caso, López, ahora directora de Cetursa, no llegó a querellarse porque zanjó el asunto en un acto de conciliación.
En la sentencia, contra la que cabe recurso de apelación, el juez mantiene que las manifestaciones de ambos, que pidieron una comisión de investigación para aclarar las adjudicaciones de las viviendas en cuestión, ubicadas en una zona de Granada que el PP bautizó como "la Rusia chica", no implican "ninguna imputación" ni injuriosa ni delictiva contra Pleguezuelos.
Investigación
Considera el juez que Granados y Robles no imputaron a Pleguezuelos el haber adquirido su casa valiéndose de sus influencias, y que "más bien", lo que pretendieron los acusados fue la investigación de las adjudicaciones de viviendas construidas por empresas públicas gobernadas por el PSOE, en concreto la municipal y la provincial de vivienda -Visogsa, a la que también se refirieron-.
"No bastan atribuciones inconcretas, vagas o ambiguas", como ocurre en este caso, sino que para que una acusación sea considerada delito ha de recaer sobre "hechos inequívocos, concretos y determinados", agrega el juez, para quien las manifestaciones en cuestión "ni son calumniosas ni pueden verse con el carácter de naturaleza vejatoria y degradante estrictamente personal necesarias para constituir el tipo penal propio de la injuria".
El juez considera que no se puede lesionar la dignidad de las querellantes -Pleguezuelos y su hermana, que también tiene una vivienda en esa zona- por un hecho contrastado: la adquisición de viviendas, "de cuya ilegalidad no se habla". La acusación solicitaba para Granados 18 meses de cárcel por un delito de calumnias con publicidad y multa de 12.600 euros por otro de injurias.
Para Robles pedía la misma multa y dos años de cárcel por un delito continuado de calumnias con publicidad -si en lugar de un delito continuado se consideraban dos delitos, 18 meses de cárcel por cada uno de ellos-.
