LOS PROTAGONISTAS
El vacío legal que ahora impide atajar las populares descargas ilegales de Internet puede tener los días contados. La moda de bajarse música o películas de forma gratuita y sin autorización de los autores pasará a mejor vida si prospera la última reforma promovida por el Ministerio de Cultura, que permitirá al departamento dirigido por Ángeles González-Sinde bloquear el acceso a las páginas webs infractoras previa autorización judicial. Eso no quiere decir que quede prohibido hacer un uso particular de la pieza pirateada. Como ocurre en Suecia, el juez actuará únicamente contra aquellos abonados que incluyan un enlace web a los archivos protegidos por los derechos de autor, por lo que los internautas que realicen descargas quedarán eximidos de toda responsabilidad, según se desprende de la Ley de Economía Sostenible aprobada el viernes por el Consejo de Ministros.
Esta inesperada revisión normativa obligará a modificar otras dos leyes fundamentales: la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información (LSSI) y la Ley de Propiedad Intelectual (LPI). En la primera de ellas está el quid de la cuestión. El Gobierno introducirá la «salvaguarda de los derechos de propiedad intelectual» como uno de los cinco motivos por los que se puede restringir y, en su caso, impedir el acceso a las páginas web infractoras.
Hasta ahora se impedía cualquier actuación contra los infractores porque la legislación sólo contemplaba en su artículo 8.1 cuatro motivos para la restricción del acceso a la red: el orden público, la protección de la salud pública, el respeto a la dignidad de la persona y la protección de la juventud y la infancia. Las copias ilegales en formato digital no entraban en ninguno de estos conceptos. En el mismo artículo se introduce también un apartado en el que otorga a los «órganos competentes» -no cita cuáles- la capacidad para requerir a los operadores los datos que permitan la identificación de quien esté cometiendo la conducta vulneradora.
Mediación entre las partes
Una futura Comisión de Propiedad Intelectual formada por «expertos independientes» se encargará de mediar entre las partes implicadas velando siempre por la salvaguarda de los derechos de propiedad intelectual. En el caso de que los implicados no lleguen a un acuerdo, su decisión tendrá carácter vinculante y ejecutivo, «sin perjuicio de las acciones que puedan ejercitarse ante la jurisdicción competente», según recoge el borrador de la Ley de Economía Sostenible.
Después de tres años de infructuosas negociaciones entre la industria de contenidos y los operadores de acceso a la red, la ministra cree haber encontrado con esta reforma la fórmula que ponga freno a la anarquía en la descarga de contenidos protegidos por derechos de autor. Todo, sin que ello suponga «criminalizar» a los internautas. «Se actuará frente a aquellos que se apropien o exploten los derechos de las obras ajenas, pero no contra los usuarios que están en su casa usando Internet», recordaba ayer la propia González-Sinde.
Quedan descartados así los modelos implantados este mismo año en Francia o Reino Unido, donde se penaliza a quien hace las descargas en lugar de al que distribuye los archivos de forma ilegal mediante plataformas de intercambio. Y se opta por la vía sueca. En el país escandinavo el artista o discográfica afectados pueden reclamar una indemnización que cubra el daño económico provocado.
La iniciativa del Ejecutivo socialista no ha logrado convencer al PP. El senador popular José María Chiquillo acusó al PSOE de presentarla «en letra pequeña y por la puerta de atrás». Las asociaciones de usuarios fueron más allá: «Los derechos de autor no son derechos fundamentales como pueden ser la infancia o la seguridad», se quejó el presidente de la Asociación de Internautas (IA), Víctor Domingo, que preguntó al Gobierno si va a cerrarse el buscador Google por enlazar a contenidos protegidos con la propiedad intelectual.
