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Manuel Lorente -centro-, ex gerente de Urbanismo. / A. A.
El juez deja marchar al ex gerente de Urbanismo de Granada, Manuel Lorente
caso gomérez

El juez deja marchar al ex gerente de Urbanismo de Granada, Manuel Lorente

La Fiscalía retira las acusación contra el gestor en la lectura de las conclusiones definitivas y rebaja la petición de condena para los otros técnicos municipales

J. E. GÓMEZ

Miércoles, 18 de noviembre 2009, 13:40

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El juez ha enviado a casa y sin cargos a Manuel Lorente, el ex gerente de Urbanismo, que se encontraba sentado en el banquillo de los acusados por la muerte de un obrero ecuatoriano en la demolición subsidiaria de un edificio en cuya ejecución se sucedió un encadenamiento de contratas. El llamado 'caso Gomérez'.

En la mañana del miércoles se celebraba la última sesión del juicio, con la lectura de conclusiones definitivas. En ellas, la Fiscalía ha retirado los cargos contra Lorente, por lo que el juez lo ha dejado a marchar.

En cuanto a los otros dos técnicos municipales, la Fiscalía ha pasado de pedir 3 años de cárcel y 4 años de inhabilación, a rebajarlo a 18 meses de prisión y 6 de inhabilitación.

Historia del 'caso Gomérez'

La demolición del edificio, que el Ayuntamiento ordenó acometer bajo la fórmula de la ejecución subsidiaria y que previamente había sido autorizada por un auto judicial, recayó en la empresa Rehabilitaciones y Demoliciones, que estaba obligada a presentar un plan de seguridad y salud que debía haber sido aprobado por el consistorio y que, según la Fiscalía, nunca llegó a elaborarse.

Esta empresa subcontrató las obras con Construcciones Hermanos Rodríguez en virtud de un contrato en el que se hacía constar que ésta se adhería al plan de seguridad y salud que, según la Fiscalía, nunca llegó a ser elaborado por la adjudicataria, por lo que no podía adherirse a tal plan, como tampoco existió la figura del encargado de obra para velar por la seguridad de los trabajos.

Construcciones Hermanos Rodríguez subcontrató a su vez los trabajos con Obras Alsa, cuyo representante acordó junto a uno de sus trabajadores, ambos acusados, simular una empresa ficticia dado que Obras Alsa no podía contratar con la administración por tener pendientes deudas tributarias y con la seguridad social.

Para el inicio de los trabajos, la coordinadora de seguridad elaboró un estudio básico de seguridad y salud que, según la Fiscalía, era un mero 'repertorio de normas, algunas incluso derogadas' aplicables a la demolición de cualquier edificio. El derribo se inició en una situación de 'falta de medidas de seguridad, absoluto descontrol y peligro' que dio lugar a varias denuncias ciudadanas y que derivó, el 21 de diciembre de 2004, en el accidente que costó la vida al obrero ecuatoriano G.E.E.C., quien falleció sepultado mientras trabajaba sin medidas de seguridad.

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