Luis Gerardo García Royo, concejal de Urbanismo de Granada cuando en diciembre de 2004 murió un obrero ecuatoriano durante la ejecución subsidiaria de un derribo, ha declarado hoy que las
funciones de seguridad recaían sobre la empresa con la que el Ayuntamiento contrató las obras de demolición. Confirma así la versión
dada este lunes por el ex gerente de Urbanismo, Manuel Lorente.
García Royo, que ha declarado en calidad de testigo por esta causa, en la que figuran nueve imputados, ha manifestado que el pliego de condiciones vigente por entonces obligaba a la empresa contratista a designar la dirección y coordinación de seguridad.
Ha dicho que el servicio municipal de arquitectura no tenía la función de aprobar estudios de seguridad y que esa labor recaía sobre la empresa adjudicataria, cuya responsable, imputada en esta causa, relató ayer las "presiones" a las que le sometía el Ayuntamiento para agilizar las obras que tenía contratadas.
Al respecto, García Royo ha declarado que "nunca dio órdenes directas a ningún contratista", y que todo lo que se hacía era a través de los servicios técnicos.
El ex edil, que ha dicho que firmaba todo lo que previamente revisaban los técnicos, ha indicado que en las ejecuciones subsidiarias el Ayuntamiento hacía "funciones de policía", sobre todo en situaciones de riesgo inminente, como era el caso.
También han declarado hoy policías que intervinieron el día del accidente y otros que lo hicieron días antes como consecuencia de un incendio originado por una hoguera que encendieron los trabajadores.
Los policías han coincidido en la ausencia de apuntalamientos en la obra y, en cuanto al incendio originado en el solar días antes del accidente, han relatado que acudieron a la zona a requerimiento del dueño del edificio colindante, molesto por el riesgo y porque el humo se le introdujo en la vivienda, que estaba recién rehabilitada.
Precisamente esta persona, que ha declarado hoy como testigo, interpuso una denuncia ante el Ayuntamiento días después del inicio de las labores de demolición advirtiendo de la falta de medidas de seguridad, sin apuntalamientos, con la que se estaban llevando a cabo y pidiéndole que actuara para evitar "una desgracia personal".
En su declaración de hoy ante el juez, ha dicho que el Ayuntamiento le informó de que pondrían los hechos en conocimiento de la coordinadora de seguridad, imputada en la causa, y ha asegurado que de aquella denuncia, que amplió tras la muerte del obrero, nunca recibió respuesta por parte del Consistorio.
También han declarado hoy en calidad de testigos algunos de los trabajadores de Alsa, la empresa que finalmente llevó a cabo las obras tras un encadenamiento de subcontrataciones.
Uno de ellos, ecuatoriano como el fallecido, ha dicho que no estaba dado de alta aunque la empresa se comprometió a ello, y que el día del accidente la víctima y el encargado de obras estaban en las labores de derribo cuando se derrumbó un muro contiguo que sepultó a ambos, si bien los compañeros pudieron sacar al segundo.
Este trabajador, que ha estado en tratamiento psicológico, dice que el encargado de obras ya advirtió del mal estado de ese muro al responsable de Alsa, que le dijo que "si no se había caído hace tiempo no se iba a caer ahora".
El encargado de obras ha ratificado que advirtió del riesgo de que se cayera el muro al responsable de Alsa, que le dijo que harían lo que determinara la coordinadora de seguridad, quien según este testigo le manifestó que el muro tenía "más de 200 años".
También han declarado como testigos, entre otros, un arquitecto del servicio de intervención del departamento de ruinas del Ayuntamiento, que ha manifestado que meses antes del accidente elaboró un informe sobre el estado de deterioro del edificio, que dos años antes ya había sufrido un desplome.
En ese informe propuso la adopción de medidas de seguridad del edificio y su derribo, según el arquitecto, que ha considerado que la imposibilidad de acceder al inmueble debido a su mal estado hacía inviable el elaborar un proyecto técnico.