Nueve personas, entre ellas el que fue número dos de Urbanismo del Ayuntamiento de Granada, Manuel Lorente, se sentarán mañana en el banquillo de los acusados por la muerte de un obrero ecuatoriano en la demolición subsidiaria de un edificio en cuya ejecución se sucedió un encadenamiento de contratas.
Junto a Lorente, para quien la Fiscalía pide tres años de cárcel, cuatro de inhabilitación y multa de 1.440 euros por un delito de homicidio imprudente y otro contra la seguridad en el trabajo, figuran como acusados la administradora única de la empresa a la que el Ayuntamiento adjudicó la demolición; los dos representantes de la subcontrata a la que ésta encargó los trabajos y el responsable y uno de los trabajadores de la que finalmente los acometió.
Los tres imputados restantes son la encargada de la dirección facultativa y coordinadora de seguridad y dos arquitectos del servicio técnico del Ayuntamiento, según el escrito de acusación.
El fiscal solicita para todos ellos la misma pena que para Lorente, que por entonces era director del área de planificación urbanística del Ayuntamiento, excepto para el representante y el trabajador de la segunda subcontrata, que se enfrentan a seis años de cárcel, cuatro de inhabilitación y multa de 4.320 euros el primero, y a tres años de cárcel y multa de 2.880 el segundo.
La demolición del edificio, que el Ayuntamiento ordenó acometer bajo la fórmula de la ejecución subsidiaria y que previamente había sido autorizada por un auto judicial, recayó en la empresa Rehabilitaciones y Demoliciones, que estaba obligada a presentar un plan de seguridad y salud que debía haber sido aprobado por el consistorio y que, según la Fiscalía, nunca llegó a elaborarse.
Esta empresa subcontrató las obras con Construcciones Hermanos Rodríguez en virtud de un contrato en el que se hacía constar que ésta se adhería al plan de seguridad y salud que, según la Fiscalía, nunca llegó a ser elaborado por la adjudicataria, por lo que no podía adherirse a tal plan, como tampoco existió la figura del encargado de obra para velar por la seguridad de los trabajos.
Construcciones Hermanos Rodríguez subcontrató a su vez los trabajos con Obras Alsa, cuyo representante acordó junto a uno de sus trabajadores, ambos acusados, simular una empresa ficticia dado que Obras Alsa no podía contratar con la administración por tener pendientes deudas tributarias y con la seguridad social.
Para el inicio de los trabajos, la coordinadora de seguridad elaboró un estudio básico de seguridad y salud que, según la Fiscalía, era un mero 'repertorio de normas, algunas incluso derogadas' aplicables a la demolición de cualquier edificio.
El derribo se inició en una situación de 'falta de medidas de seguridad, absoluto descontrol y peligro' que dio lugar a varias denuncias ciudadanas y que derivó, el 21 de diciembre de 2004, en el accidente que costó la vida al obrero ecuatoriano G.E.E.C., quien falleció sepultado mientras trabajaba sin medidas de seguridad.
La Fiscalía mantiene que todos los acusados, excepto el trabajador de Obras Alsa, que no tenía capacidad de decisión, incumplieron las obligaciones que tenían atribuidas para desarrollar sus funciones y 'con su actitud contribuyeron, dada la gravedad y persistencia de estos incumplimientos, a mantener la situación de riesgo, con absoluto desprecio hacia la vida de los operarios'.
Todos ellos, que podían adoptar medidas para evitar el riesgo e incluso tenían capacidad para paralizar las obras, conocían la situación en que se estaba llevando a cabo la demolición, según la Fiscalía, que resalta la conducta 'particularmente negligente y carente de las más elementales normas de precaución' de la coordinadora de seguridad.
La Fiscalía solicita también para los acusados que indemnicen conjunta y solidariamente con 330.000 euros a la pareja de hecho del fallecido, sus cuatro hijos y su madre. El juicio ha sido fijado para mañana, el martes y el miércoles en el Juzgado de lo Penal 6 de Granada.
