granada | hasta final de año
Denuncian la delicada situación de miles de empresas que tienen pendientes de cobro cantidades millonarias con las administraciones
23.09.09 - 17:26 -
El presidente de la ACP, Enrique Legerén. MOLERO
La Asociación de Constructores y Promotores de Granada (ACP) estima que otros 12.000 trabajadores del sector perderán su empleo durante los próximos meses de otoño. La paralización de la construcción residencial y el escaso volumen de obra pública que las administraciones adjudican a las empresas granadinas, condenan a éstas a una lenta agonía y tener que sacrificar cada vez un mayor número de puestos de trabajo.
El presidente de la ACP, Enrique Legerén, acaba de señalar en conferencia de prensa que de los 32.000 trabajadores con que cuenta a día de hoy el sector, poco más de 20.000 conservarán su empleo cuando haya finalizado el presente año. El sector de la construcción acumularía así, al término del ejercicio, alrededor de 33.000 desempleados en el conjunto de la provincia.
A juicio de Legerén, la situación del sector de la construcción no puede ser más desalentadora. En apenas dos años ha pasado de contar con 55.000 trabajadores a 32.000 a fecha de hoy, con la perspectiva de una evolución negativa como la antes mencionada.
El presidente de la ACP señaló que tan sólo la prolongación de los planes Proteja y E podría paliar algo estas pésimas previsiones, porque la recuperación de la construcción residencial tardará aún varios meses en llegar o incluso un plazo de tiempo mayor.
“Hablamos de que si en 2007 una constructora tenía la mitad de su facturación en el sector privado y la otra mitad en el sector público, hoy día tiene el 90% en el sector público y el 10% en el privado, por decir algo”, señaló Legerén.
Desde la ACP se ha responsabilizado en gran medida de la difícil situación por la que atraviesan promotoras y constructoras granadinas a la “ineficacia” en la gestión de pago de algunas administraciones.
Legerén acaba de señalar que la Junta de Andalucía, la Diputación Provincial y los ayuntamientos granadinos deben hacer frente con prontitud a sus “compromisos de pago” con las empresas del sector, puesto que el incumplimiento o el excesivo retraso de los mismos está abocando al cierre cada vez a un mayor número de firmas.
