La vicepresidenta segunda y ministra de Economía y Hacienda, Elena Salgado, el vicepresidente tercero y ministro de Política Territorial, Manuel Chaves y el secretario de Estado de Hacienda y Presupuestos, Carlos Ocaña, durante la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera. / Efe

La vicepresidenta segunda y ministra de Economía y Hacienda, Elena Salgado, y el vicepresidente tercero y ministro de Política Territorial, Manuel Chaves, durante la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera en la que las comunidades autónomas debaten la propuesta de Economía sobre el nuevo modelo de financiación autonómica, que prevé una financiación adicional de 11.000 millones. / Efe

Vista general de la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera en la que las comunidades autónomas debaten la propuesta de Economía sobre el nuevo modelo de financiación autonómica, que prevé una financiación adicional de 11.000 millones. / Efe
El quinto modelo
El nuevo modelo de financiación autonómica es el quinto que acuerdan las comunidades autónomas desde 1986. Desde que se configuró el mapa autonómico, la financiación de las comunidades sometidas al régimen general -todas, salvo el País Vasco y Navarra acogidas al foral- han estado reguladas por sucesivos sistemas que, con más o menos suerte, han intentado cubrir las necesidades financieras de las autonomías.
Aunque en el primer modelo dominaron las transferencias directas del Estado a las comunidades, la paulatina asunción de competencias y de capacidad normativa y fiscal permitió a las autonomías adoptar sistemas donde cada vez había más financiación obtenida de impuestos cedidos y propios.
El primer modelo de financiación se acordó en 1986 para el quinquenio 1987-1991, tras duras negociaciones y un período transitorio que se inició con la aprobación de los Estatutos de autonomía. A partir de ahí se aprobaron sucesivamente otros tres sistemas que se desarrollaron en las siguientes etapas: 1992-1996, 1997-2001, 2002-2009, al que se suma el de hoy.
Invariablemente, los modelos de financiación han estado envueltos en largas negociaciones y discrepancias autonómicas y todos ellos han recibido, finalmente, el visto bueno del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), un órgano creado en 1980 con el fin de coordinar la actividad financiera de las comunidades y de la Hacienda del Estado.
Argumentos para la abstención
Los argumentos del PP para abstenerse, según ha explicado el consejero de Economía de Madrid, Antonio Beteta, son que "no está garantizada para ninguna de las regiones la suficiencia dinámica" en los próximos años, y además, en cuanto a los recursos adicionales, "no tiene lógica que un catalán reciba el doble que un madrileño", y porque "no hay garantía para la prestación de servicios públicos".
"Creemos que el Estado debería ajustar su gasto para no incurrir en más déficit, como está haciendo, pero lo que va a ocurrir es que esto se financiará con cargo a nuestros nietos; eso es algo que sólo se corregirá, me temo, con futuras subidas de impuestos, pero eso es un tema no del modelo, sino del modo de funcionar del Gobierno de la nación", ha criticado.
El nuevo modelo de
financiación autonómica presentado por el Gobierno ha recibido el visto bueno del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), gracias al apoyo de todas las comunidades autónomas gobernadas por el PSOE, más Canarias -que ha dado un sí "crítico"-, Ceuta y Cantabria y sin contar con ningún voto en contra. Finalmente, todas las autonomías en manos del PP, que por orden de la dirección del partido se han abstenido, como también ha hecho Melilla.
De esta manera, Asturias, Cataluña, Aragón, Extremadura, Castilla-La Mancha, Andalucía, Baleares, Canarias, Ceuta y Cantabria han dicho 'sí' al sistema
propuesto por el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero, que ha puesto encima de la mesa 11.000 millones en recursos adicionales a repartir entre las comunidades autónomas. Mientras tanto, Galicia, Castilla y León, La Rioja, Madrid, Valencia, Murcia y Melilla se han abstenido.
Finalmente el modelo, que entrará en vigor el 1 de enero de 2009, no ha recibido ningún voto en contra, a pesar de que algunas comunidades autónomas gobernadas por 'populares' habían asegurado que dirían que 'no'. De hecho, esta mañana la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, aseguró que así sería. Sin embargo, su consejero de Economía y Hacienda, Antonio Beteta, anunciaba a su llegada a la sede del Ministerio dirigido por Elena Salgado, donde se ha celebrado la reunión a lo largo de toda la tarde, que la dirección nacional del partido había pedido al PP de Madrid que se abstuviera, como finalmente han hecho el resto de autonomías 'populares'.
Orden de abstención en el PP
En la votación no ha habido sorpresas y todas las comunidades gobernadas con mayoría absoluta por el PP han seguido la directriz del partido. La dirección del PP no ha dado explicaciones sobre esta instrucción y Mariano Rajoy ha tratado de jugar al despiste cuando se refería a la posición que iban a adoptar las regiones gobernadas por el PP. En el Foro ABC organizado por este diario en Málaga, aseguraba que suponía que las comunidades autónomas se iban a abstener "porque no tienen claro algunos extremos y quieren seguir negociando con el Gobierno". Evitaba cualquier referencia a la postura común impuesta y manifestaba que "dar el voto favorable a algo que no se sabe lo que es, es arriesgado". El jefe de la oposición añadía que "el acuerdo de hoy no tiene valor jurídico", ya que después deben pronunciarse las Cortes. Mañana, según ha adelantado, su formación registrará en el Congreso una solicitud de reunión de la Diputación Permanente para que la vicepresidenta económica, Elena Salgado, diga "cuánto se llevará cada comunidad en este acuerdo de financiación".
El encuentro del Consejo lo ha presidido la vicepresidenta económica, que ya desveló el domingo pasado que el nuevo modelo contempla 11.000 millones de euros más para su puesta en marcha y que la financiación per cápita se iguala entre las comunidades. El Ejecutivo daba por seguro que la propuesta iba a quedar aprobada esta tarde porque si no era ratificado en la primera votación, lo haría en la segunda: con que una comunidad apoyara la propuesta contaría con luz verde, dada la composición del CPFF: 19 miembros del Gobierno y 19 de los Gobiernos autonómicos.
Al término de la reunión han comparecido los vicepresidentes Elena Salgado y Manuel Chaves, que han resaltado que el modelo no haya recibido ningún voto en contra y han reiterado que con él todas las autonomías ganan y ninguna pierde.