Los pactos firmados extrajudicialmente restarían volumen de trabajo en los tribunales. / IDEAL
Cuando un conflicto que plantea un problema legal surge en el ámbito privado, como es la familia, la norma es que una tercera persona, un juez, decida por unas partes enfrentadas incapaces de llegar a un acuerdo. Y, precisamente, estas decisiones no siempre resultan ser las más satisfactorias. Algo real que queda en evidencia si se tiene en cuenta el alto grado de incumplimiento que existe en la actualidad con respecto a las sentencias dictadas en este ámbito. Esta realidad plantea una pregunta inevitable: ¿Es una sentencia judicial la única solución válida a un conflicto surgido en el ámbito familiar? Y la administración se ha decidido a contestarla: A veces sí, pero existen otros instrumentos para que las soluciones satisfagan a las partes y para descargar de trabajo los juzgados: la mediación. Para actuar más allá de la reflexión, la Junta de Andalucía aprobó recientemente una ley que fomenta este recurso que aliviará el trabajo de los juzgados.
Puede ser coincidencia, pero el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Augusto Méndez de Lugo, abogó en su última comparecencia pública -con motivo de la presentación de la memoria anual- por sembrar la cultura de la solución de conflictos extrajudicial como alternativa de cambio en un sistema que hace aguas: saturado, con retrasos que afectan a la efectividad del mismo y limitado para dar respuesta inmediata a los miles de casos de todo color y condición que asume a diario. Por ello, el presidente alzó la voz en favor de un cambio: llegar a acuerdos antes de pleitear.
Apuesta por el cambio
En consonancia con esta idea, el Gobierno andaluz ha aprobado la que ha sido bautizada como Ley de Mediación Familiar, cuya entrada en vigor está prevista para el mes de septiembre. Y aunque a priori lo parezca, no sólo va dirigida a matrimonios en proceso de divorcio. La filosofía trata el conflicto privado en términos más amplios. Es decir, para muchas situaciones diferentes. Junto a ello, la consejera de Justicia, Begoña Álvarez, presentó ayer una iniciativa para trasladar la resolución extrajudicial de conflictos en Lo Contencioso-Administrativo, la jurisdicción más colapsada.
Por el momento, la citada ley obliga a crear un cuerpo de lo que se podría denominar 'pacificadores profesionales'. Estos estarían adscritos a un registro dependiente de la Junta de Andalucía, que trabajarían para llegar a acuerdos efectivos en conflictos.
Estos pueden ser de parejas -casadas o no- en proceso de ruptura. Pero no sólo los relativos a ellas. Los mediadores tratarán problemas con hijos o ascendientes, estudiarán el incumplimiento de regímenes de alimentos o visitas, tutores con responsabilidades sobre los hijos de sus familiares y un largo etcétera. «Existen múltiples situaciones que también generan conflicto en el seno de la estructura familiar y a las que se puede dar respuesta a través de la mediación», recoge el texto publicado de la nueva ley.
Uno de los ejemplos que demuestra esto es el cuidado de las personas mayores dependientes y la gestión de su renta. Una realidad actual que en muchas ocasiones, cada vez más, genera problemas graves entre hermanos.
Con esta ley, se crearía una especie de colegio, que regularía la profesión de mediador, en la que estarían incluidos abogados, trabajadores sociales, psicólogos, etc. con formación específica en este campo. Además, establece hasta un régimen sancionador para quien no cumpla con las exigencias legales, tales como la confidencialidad y la imparcialidad del profesional.
Su funcionamiento sería parecido al que existe con los abogados. Los ciudadanos, de forma siempre voluntaria, pedirían los servicios que pueden ser gratuitos o de pago. Los primeros, con criterios similares al de un turno de oficio. Eso sí, la institución responsable de este cuerpo de 'pacificadores' tendría que supervisar la actividad de los mismos.
Precedente
En el sistema actual, tal y como señaló a IDEAL el delegado de Justicia en Granada, Baldomero Oliver, existe el servicio de mediación. «Pero no tendría nada que ver, porque forma parte de las medidas intrajudiciales. Y con la nueva ley sería extrajudicial para, precisamente, aliviar los tribunales», explicó el delegado. En Granada, el servicio lleva poco más de un año en funcionamiento y su actividad no es muy intensa.
A partir de la entrada en vigor de la nueva ley, las competencias sobre la mediación pasan a manos de la consejería de Igualdad y Bienestar Social, que en estos próximos meses tiene el reto de estructurar el entramado que dé cobertura, conforme a lo previsto por ley, a esta necesidad social.
Dar respuesta eficaz a los conflictos es una de los objetivos de la nueva ley. Pero no el único. Aliviar la carga de trabajo de unos tribunales «que encuentra serias limitaciones para resolución de situaciones en las que coexisten aspectos legales y económicos, junto con aspectos emocionales y afectivos», versa la ley, es la otra.
Según la memoria anual del Alto Tribunal andaluz, en Granada los juzgados de Familia registraron más de 3.000 asuntos y resolvieron otros tantos. A pesar de la cifra de sentencias dictadas, al final del año, 1.700 familias esperaban aún poner punto y final a un conflicto personal puesto en manos de los tribunales.
Este grado de retraso, técnicamente llamado 'pendencia', es muy superior a lo recomendable. Tanto como la del volumen de asuntos tratados por cada juez al año, que no debe superar los mil casos. De aplicarse la nueva ley con eficacia, esto es, que calara la firma del pacto con la ayuda de los expertos, esta cifra se reduciría considerablemente.
Otras propuestas
En otros ámbitos, como el de Menores, estas medidas «funcionan muy satisfactoriamente», apunta Oliver, quien aporta un dato. «El 60% de los conflictos se cierran satisfactoriamente por esta vía». Lo ideal, sería aplicarlo a todos los ámbitos. «En la jurisdicción Penal, por ejemplo, sería muy complicado. Pero en alguna ocasión se ha hablado de comenzar a aplicarlo en asuntos privados como las injurias o calumnias. Pero parece que es el futuro del sistema», concluye Oliver.
La Ley de Mediación Familiar nace, así, con el reto de sentar las bases de una forma de funcionar que, de ser exitosa, sería extrapolable a otros ámbitos.
Concretamente ayer, la consejera de Justicia y Administración Pública, Begoña Álvarez, anunció la puesta en marcha en Andalucía del primer tribunal administrativo de España para una comunidad autónoma, que tendrá el objetivo de aliviar la jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Para ello, se constituyó ayer en Granada una comisión de expertos, conformada por personal de la Consejería, del gabinete jurídico de la Junta, y dos magistrados del orden contencioso propuestos por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que se reunirá semanalmente para analizar la situación en este orden y los mecanismos legales para la creación del tribunal.
Así, según explicó Álvarez, será en otoño cuando los miembros de esta comisión presenten sus conclusiones y se inicien los trámites para la redacción de la normativa. Su constitución supondrá agilizar los trámites administrativos y evitar que muchos asuntos lleguen al saturado juzgado. El concepto es el mismo, aunque el mecanismo diferente. El cambio parece que se impone. Y la alternativa es mediar.
