La buena noticia es que la inmensa mayoría del 1.600.000 andaluces menores de edad son personas totalmente normales. Según José Chamizo, Defensor del Pueblo Andaluz, los medios de comunicación no suelen recoger este tipo de informaciones. Lo 'positivo' no vende. «Y los chavales están molestos por eso. Se quejan de que sólo se cuentan las cosas malas. Por eso doy el dato: la mayor parte de ese 1.600.000 niños y adolescentes de entre '0' y 17 años que hay en Andalucía, son gente normal. Con sus problemas, claro, pero normales».
Dicho queda. Ahora, las excepciones: las malas noticias. Chamizo y la institución que dirige están preocupados por el «dramático» fenómeno de los chicos y chicas que pegan a sus padres, una conducta que, según alertó el Defensor, va en aumento.
El responsable público, que ayer estuvo en Granada para clausurar el curso universitario para formar expertos en menores que se encuentran en riesgo social, precisó que no es un problema homogéneo.
Drogas
Según su experiencia, los jóvenes que agreden a sus padres pueden dividirse en tres grupos: los que tienen ese comportamiento porque consumen drogas, los que padecen problemas conductuales o mentales y los que emplean la violencia porque nunca nadie les puso límites.
En los dos primeros grupos, se están produciendo avances. «Hemos comprobado que funciona muy bien la rehabilitación de menores con problemas de drogas en centros de adultos. Conocen directamente las historias de los mayores y eso les ayuda a recapacitar y cambiar», refirió el Defensor.
En cuanto a los adolescentes que sufren alguna anomalía mental o conductual, Chamizo reclamó una implicación más decidida del Servicio Andaluz de Salud, «porque, a fin de cuentas, es algo que es de su competencia». Con todo, Chamizo se mostró moderadamente optimista.
El reducto más resistente a las terapias -y, por ende, el que más inquieta a los expertos- es el de los niños y niñas que agreden a sus padres porque sí, porque no saben relacionarse de otra forma. Son muchachos que, muy mayoritariamente, pertenecen a familias que no tienen problemas económicos ni sociales. Clase media o clase media-alta. El padre y la madre trabajan y no pasan demasiado tiempo con sus hijos. No han conocido límites porque nadie se los ha puesto. Han hecho siempre lo que han querido y cuando escuchan la palabra 'no' por primera vez, ya es demasiado tarde. El resultado, explicó Chamizo, es una «violencia muy potente».
El Defensor propuso explorar nuevas vías para reeducar a estos chicos. En este sentido, mencionó la posibilidad de que cambien de familia durante un tiempo, una alternativa que se ha ensayado con éxito en países como Alemania -«también parece se ha hecho algo similar en Cataluña», precisó Chamizo-.
El Defensor detalló que el primer paso consiste en reunir a familias que están padeciendo el problema. De esa especie de terapia de grupo, salen los intercambios. «Y parece que está funcionando», dijo Chamizo, que recordó que, en ocasiones, también ha habido adolescentes que han superado el problema después de vivir durante unos meses en otro país. «Aquí en Andalucía, ya hemos tenido algún caso de estos», informó.
Marta del Castillo
Antes de pronunciar la conferencia de clausura del curso universitario, el Defensor del Pueblo Andaluz admitió ante los periodistas que habría que replantearse las penas que se recogen en el Código Penal, ya que «algunas veces son altas y otras, en comparación con el delito, son bajas». Chamizo dijo entender la motivación del movimiento ciudadano que reclama el endurecimiento de las condenas para castigar a los responsables el crimen de la joven sevillana Marta del Castillo. «Es una situación dramática. No ha aparecido el cadáver y los presuntos asesinos no dicen la verdad».