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ANTONIO MONTILLA
Miércoles, 27 de mayo 2009, 10:28
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Los andaluces serán los primeros españoles en poder reclamar, ante un tribunal de justicia, su derecho a gozar de un hogar digno y en propiedad, tal y como lo estipula la Constitución española y el estatuto de Autonomía andaluz.
Esta es una de las principales novedades de la Ley del Derecho a la Vivienda, cuyo proyecto aprobó ayer el Consejo de Gobierno. La norma entrará en vigor en unos seis meses, una vez que concluya su tramitación y aprobación en el Parlamento de Andalucía.
¿Significa esto que cualquier ciudadano puede iniciar un proceso penal si no tiene una casa? No. Se trata de una herramienta, pionera en España, que obliga a las administraciones públicas -Junta y ayuntamientos- a favorecer este derecho de acceso a la vivienda, bien en propiedad o bien en alquiler, a todas aquellas personas que carezcan de ingresos económicos -con un tope de 36.000 euros anuales por unidad familiar- para acceder a una vivienda (primera residencia) del mercado libre en su localidad; tengan vecindad administrativa en algún municipio de la Comunidad autónoma (al menos durante tres años); no sean titulares ni tengan derechos de disfrute sobre un inmueble ya existente, y estén inscritas en el Registro Público Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida.
Este Registro, una de las grandes apuestas de la Ley, se convertirá en el instrumento básico para determinar la demanda y conocer de manera exacta el número de solicitantes y cuántos inmuebles y de qué tipologías residenciales se necesitan en cada municipio.
El consejero de Vivienda, Juan Espadas, explicó tras el Consejo de Gobierno que este proyecto demuestra que el Ejecutivo de José Antonio Griñán no va a dar ni un paso atrás en las políticas sociales, ni siquiera en una coyuntura económica adversa como la actual.
«No es un canto al sol»
Otra de las cuestiones que resaltó Espadas es que esta norma nace con la financiación resuelta. «No es ningún canto al sol, porque existe ya un Plan de Vivienda (2008-2012) con una inversión prevista de 12.000 millones, 3.700 de los cuales los aportarán el Gobierno central y la Junta». De igual manera, la Estrategia de Competitividad en Andalucía prevé para el mismo periodo una inversión de 2.559,1 millones de euros por parte de la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio. De esta cantidad, 2.277,4 millones se destinarán a la política de vivienda.
El consejero incidió en que este proyecto de Ley ha sido consensuado con los agentes sociales y con la Federación Andaluza de Municipios y Provincias. Los ayuntamientos son una pieza clave en este engranaje. Los ayuntamientos tendrán un plazo máximo de dos años para la aprobación de los planes municipales, en los que se especificarán las modalidades de ayuda económica y las medidas más adecuadas para favorecer el ejercicio de este derecho, como arrendamientos con opción a compra, incentivos para la salida al mercado de viviendas desocupadas y oferta residencial en régimen de alquiler. La Ley tiene garantizada su aprobación en el Parlamento merced a la mayoría absoluta del PSOE. Espadas, no obstante, aseveró que los ciudadanos no entenderían un voto en contra de PP o IU a una Ley de tanto calado social. El consejero recordó que la FAMP había dado el visto bueno al texto con el voto a favor de los representantes de PSOE e IU, y con la abstención de los del PP. «Esta puede ser una primera foto, aunque espero que PP e IU tengan altura de miras y la apoyen, nosotros estamos abiertos al consenso», acotó.
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