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Granada

07.05.09 -

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El Defensor del Ciudadano ultima el reglamento que sanciona el sexo en la calle
Melchor Sáiz Pardo, segundo por la derecha, hizo balance de la gestión de la oficina municipal. /IDEAL
La mayoría de los granadinos que el año pasado acudieron a la Oficina del Defensor del Ciudadano de Granada -un órgano de la Concejalía de Participación Ciudadana para 'mediar, asesorar, informar, atender y ayudar a los ciudadanos'- se quejaron de algo que caracteriza a la ciudad: su caótico tráfico y desarrollo urbanístico.
En esas misma dependencias se gestionaron casi 1.900 solicitudes vecinales -un 4% más que en 2007-, pero el balance «no es triunfalista». Se detectó un incremento de personas que «solicitaron asesoramiento para hacer frente a sus deudas o pedir ayudas asistenciales», explicó ayer el Defensor del Ciudadano de Granada, Melchor Sáiz Pardo, quien indicó que ha asesorado a familias en paro -unas 12- en cómo renegociar sus deudas bancarias.
«En este sentido, echamos de menos que los bancos sean más flexibles con los clientes más débiles, y nos gustaría arrancarles el compromiso de que las familias no lleguen a perder la vivienda y caer en la marginalidad», abundó Melchor Sáiz Pardo, quien presentó la memoria de la institución.
Por internet
El 90% de los expedientes recibidos a través de internet (www.defensorciudadanogranada.es) y en la oficina fueron solucionados en el año. Y entre los solicitantes, el 35 por ciento de las consultas las realizaron mujeres, el 33 por ciento hombres. Los colectivos de parados, jubilados o de etnias como la rumana, que han tenido problemas de convivencia con vecinos de distintos puntos de la capital, también acudieron a esta entidad para pedir ayuda.
«Precisamente ahora negociamos con las distintas administraciones cursos de formación para la población en general, pero para los rumanos en particular. Queremos acabar con la estampa de barrios como la Chana, donde hay unos 300 rumanos en paro, habitualmente en las calles. Una solución sería impartir cursos de reciclaje de materiales para los hombres, que son habituales trabajadores de la chatarra, o de costura para las mujeres, y después crear cooperativas de trabajo», arguyó el Defensor del Ciudadano, quien adelantó que su oficina tomará medidas para mejorar la convivencia multirracial: «Los inmigrantes, aunque estén en paro, van a seguir aquí, donde las condiciones de vida son mucho mejores que en sus países de origen».
Pero, sin duda, la actuación más importante que se está llevando a cabo en estos días en este centro municipal (ubicado en los bajos del Ayuntamiento de Granada) es la finalización del borrador del Reglamento para la Convivencia en Granada, que entregará en unos días Sáiz Pardo -tras siete meses de trabajo- al Concejal de Participación, Eduardo Moral.
El texto, «basado en ordenanzas de otras ciudades españolas, como Barcelona», regula el uso de los espacios públicos de Granada. Y prohíbe y sanciona, entre otras cosas, el sexo en las calles -hay unos 20 folios sobre las multas en este aspecto-; las deposiciones en la vía pública; la venta ambulante sin control y los ruidos excesivos; y los juegos molestos en zonas vecinales. Asimismo, contempla medidas con respecto a las actividades que ejercen los artistas callejeros y los graffiteros, por ejemplo.
«Aún estamos debatiendo algunos puntos, por ejemplo, si la sanción por practicar el sexo en la calle, en el caso de la prostitución, se establecerá para las dos personas implicadas o no», matizó el Defensor del Ciudadano, que recordó que en el proceso de redacción han participado todos los grupos municipales, que votarán el texto definitivo en el pleno del Ayuntamiento.
Gestiones rápidas
En la oficina, casi todos los expedientes presentados el año pasado fueron aceptados, liderando los asuntos relacionados con el urbanismo, tráfico, empleo y bienestar social. Las gestiones rápidas que se hicieron desde la oficina se dirigieron especialmente a personas mayores, mujeres e inmigrantes, en general con escasos recursos económicos y sociales o en situaciones de conflictos no resueltos con las administraciones.
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