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MIGUEL ALLENDE
Lunes, 30 de marzo 2009, 14:11
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Un funcionario de la Delegación Provincial de la Consejería de Economía y Hacienda, que responde a las iniciales F. T. J., ha sido recientemente condenado por el Juzgado de lo Penal número 1 de Granada a un año de prisión y al pago de una multa que ronda los 2.000 euros por un delito contra el derecho a la intimidad. Él mismo reconoció ante la Policía Autonómica, ante el juez instructor del caso y ante el juez que firma la sentencia, ser el autor de los hechos. Por ello mismo, la solicitud inicial de pena por parte de la Fiscalía, que se elevaba a año y medio de prisión, fue finalmente reducida a la antes citada.
Los hechos que han motivado el mencionado fallo judicial se remontan al 24 de febrero pasado, cuando una funcionaria de la citada delegación de Economía y Hacienda, sita en la calle Las Tablas, descubrió un elemento extraño colocado bajo un lavabo del servicio que utilizan las mujeres de ese centro de trabajo. Lo comentó con otra compañera y ambas se lo comunicaron al secretario. Se personaron en el citado aseo, pero el artilugio había sido retirado.
Rápida actuación
Al ser informado de lo ocurrido el propio delegado de Economía y Hacienda, Antonio Argüelles, decidió montar un procedimiento especial de vigilancia, con participación del servicio de seguridad de la Delegación. Al cabo de dos días, fue detectado de nuevo el mencionado aparato. Éste resultó ser una mini-cámara, no más grande que un teléfono móvil, con plena autonomía y sin cable alguno de conexión. Se encontraba operativa y grabando.
Avisada la Policía Autonómica, recogieron la mini-cámara y procedieron al interrogatorio de los funcionarios. Uno de ellos, el citado F. T. J., se mostró nervioso, se contradijo y finalmente confesó ser la persona que había colocado el artilugio en ese lugar. Tras declarar en Comisaría, donde también lo hicieron las dos funcionarias y el secretario de la Delegación, el autor confeso de los hechos pasó a disposición del Juzgado de Instrucción número 8. Ante esta instancia judicial, el detenido confesó igualmente ser el autor de la colocación de la cámara.
De la investigación policial y judicial, se deduce y así consta en la sentencia que F. T. J. grabó imágenes de sus compañeras los días mencionados 24 y 26 de febrero y en el momento que hacían uso de los inodoros. Tales imágenes las conservaba en su ordenador y no fueron colgadas en la red ni facilitadas a terceras personas.
Sanción administrativa
En paralelo al proceso judicial, la Junta de Andalucía abrió un expediente disciplinario contra el funcionario autor del delito. Se le ha aplicado suspensión de empleo y sueldo mientras dure este expediente, que cuando concluya puede llegar a la expulsión de la carrera administrativa.
Antonio Argüelles, delegado provincial de Economía y Hacienda, resaltó ayer a este periódico que la actuación de su departamento fue «rápida y eficaz». Y buena prueba de ello es que en un plazo de tiempo muy pequeño se consiguió dar con el autor de los hechos. Argüelles confirma también que F. T. J. estaba adscrito a la Secretaría General Técnica y no le constaban antecedentes penales.
Lo ocurrido en la Delegación de Economía y Hacienda no tiene precedentes en la misma ni en ningún otro departamento de la Junta.
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