GRANADA
Más de 13.000 personas de países extracomunitarios necesitan un
contrato de trabajo de un año para no perder permisos de residencia
21.03.09 -
El riesgo de expulsión de los 13.300 inmigrantes con problemas para renovar la residencia crece. /AFP
Llegaron cargados de sueños para labrarlos a miles de kilómetros de su tierra. Lograron aumentar la natalidad en la provincia con una aportación de bebés de un 7% sobre la totalidad de recién nacidos. Las aulas de los colegios, que perdían alumnos año tras año, vieron como aumentaban con un 9% más de escolares. Y los trabajos que nadie quería en el campo, en el servicio doméstico y en todo aquello que supusiera un esfuerzo mayor estaban reservados solo y exclusivamente para ellos. Ahora toda esa colaboración... les servirá de poco: 13.372 inmigrantes ven peligrar su permiso de residencia si no logran un contrato de al menos de un año para poder renovar su estancia en esta tierra. La población inmigrante en la provincia se eleva a 25.061 personas, a esta cifra hay que sumarle otras 38.092 personas más procedentes de países comunitarios. Estos últimos no corren ningún riesgo de ser expulsados.
Deuda humana
Sylvia Koniecki, coordinadora de Granada Acoge, fue la encargada de revelar ayer los datos sobre inmigración en la provincia y golpeó duro con sus palabras cuando dijo que estas personas han sido consideradas como fuerzas productivas y no como personas. «Nos olvidamos ahora de todo lo que nos han aportado y tenemos una deuda con ellos».
Los ejemplos de este gran problema abundan por todas las esquinas de Granada. Antonio es el nombre falso de un caso real. Un ecuatoriano con tres hijos adolescentes, casado, con más de siete años de residencia en Granada. Después de un amplio periplo como albañil, pintor, fontanero... recaudó suficiente dinero para hacerse cargo de un bar que suministraba comidas a los ecuatorianos del Zaidín. La crisis y la desbandada de inmigrantes a sus países, le obligó a cerrar el bar. «Es muy duro comprobar la realidad de estas personas, que han criado a sus hijos aquí y ahora se encuentran al borde de una situación muy difícil», apunta Manuel Velázquez, un párroco que lleva años trabajando codo con codo con los inmigrantes de Casería Montijo.
Con motivo del Día Internacional contra el Racismo y la Xenofobia que se conmemora hoy, el Foro por la Defensa de los Inmigrantes ha advertido en rueda de prensa del «riesgo de fractura social» ante el desempleo que se ceba con los inmigrantes y que hace que encuentren mayores dificultades en la renovación de sus documentos de estancia en España. «La crisis no golpea por igual a todos. Los últimos datos del Gobierno central revelan que la tasa de paro ha crecido un 50% entre los españoles, mientras que en los inmigrantes ha subido un 75%».
Felipe, un senegalés con dos hijos, emigró a la localidad almeriense de Antas hace dos años después de muchos cambios de residencia en distintas provincias. Ahora se ha quedado sin trabajo, y lo peor es que de él no solo dependen sus dos hijos y la mujer, sino más de diez personas en Senegal. «Las familias de estas personas son muy extensas y el problema de Felipe, como el de su hermano se extiende a otras familiares suyos que están a miles de kilómetros», comenta Velázquez. Koniecki ha censurado además la conocida como «directiva de retorno» promulgada por la UE y que prevé centros de internamiento y privación de libertad para gente que «no han cometido ningún delito, sino sólo faltas administrativas».
Una situación que tiene una mayor incidencia negativa en determinados segmentos del colectivo inmigrante como son las mujeres o en extranjeros de determinadas nacionalidades, explica Omeima Sheikh, de Yumma Africa, .
El Foro por la Defensa de los Derechos de los Inmigrantes conmemorará hoy el Día contra el Racismo con una concentración en la Fuente de las Batallas.
