Los médicos eventuales de urgencias del Hospital Clínico de Granada colgaron anoche pancartas -hechas a partir de sábanas- en el citado centro sanitario para reclamar la igualdad con el resto de sus compañeros. La protesta tiene su origen en la entrada en vigor de un decreto que impide a los médicos residentes firmar altas, un obstáculo que -a juicio de los galenos- ha de solventarse con nuevas contrataciones. De hecho, varios médicos con contratos eventuales ya se han negado a renovarlos si no tienen una duración superior a un año, lo que vendría a complicar aún más las cosas.
En este sentido, los eventuales aseguran tener «un compromiso claro y transparente» de la dirección del Clínico para intentar que sus condiciones laborales vayan equiparándose a la del resto de compañeros. También los sindicatos han transmitido a los médicos que las negociaciones van «por buen camino».
Pero de momento, lo que sí parece claro, opinan los médicos descontentos, es que la plantilla no va a pasar de los 32 facultativos que tiene ahora a los 48 que serían necesarios para que el servicio funcionase sin parches.
El gerente responde
Por su parte, el director gerente del Clínico, Diego Becerra, discrepó ayer del uso de la definición 'contratos basura' para referirse a los contratos de los médicos eventuales de urgencias y aclaró -en una nota remitida a este periódico- que el modelo cuenta con el beneplácito de los representantes sindicales. «La organización actual de la atención continua en las urgencias del hospital se realiza contemplando escrupulosamente lo acordado con los agentes sociales. Aún así, los facultativos con contrato diferenciado se han comprometido ante la dirección a proponer una alternativa que permita conciliar sus intereses laborales con las necesidades del servicio».
Becerra también recuerda el contenido de la norma que, entre otras muchas cosas, contempla la medida de que los médicos residentes de primer año no puedan firmar altas y asegura que se han creado «distintos grupos de trabajo» para garantizar el cumplimiento de la ley. «Fruto de estos trabajos de análisis, se ha desarrollado un modelo de atención que garantiza el cumplimiento del real decreto y cuya implantación está en permanente revisión a través de una comisión de seguimiento creada al efecto. El objetivo es subsanar cuantos déficits organizativos puedan evidenciarse durante el periodo en el que el centro se adecua a la normativa». Así que, agrega, la asistencia sanitaria está «garantizada».