
Enrique Múgica ya ha remitido su informe sobre los centros de menores a la Comksión Mixta Congreso Senado de relaciones con el Defensor del Pueblo. / Archivo
Algunos ejemplos
El centro de protección para la atención a menores con trastornos de conducta de Picón de Jarama, en la Comunidad de Madrid, encierra a los chavales ingresados hasta 72 horas en salas de castigo, una humillación que se repite en la mitad de los seis centros de estas características que existen en la región en otras modalidades, como las contenciones físicas de gran violencia. Así se desprende del informe de Múgica, que analiza 27 de los 58 centros del país.
El pasado 10 dse julio un menor presentó una denuncia contra este centro en la que reflejó que, tras una discusión con una compañera, los vigilantes lo habían llevado a su habitación y lo habían "reducido a la fuerza", metiéndolo en un cuarto de castigo en el que "los vigilantes y un tutor se abalanzaron sobre el menor para que no pudiera escapar, dejándole sin respiración y llegando casi a ahogarlo".
Dos meses más tarde, el Instituto Madrileño del Menor y la Familia recibió otra queja de un menor que decía haber sido atacado por un empleado de la seguridad, que le asestó "dos golpes en la cabeza con la plaqueta mecánica utilizada para detectar metales en los cacheos". "No sólo no llevaron al niño al médico, sino que se le dejó toda la noche aislado y sin supervisión médica", continúa la queja.
El caso más sangrante en la Comunidad de Madrid es el del centro Tetuán, gestionado por la Fundación Internacional O'Belén y ya cerrado por el Defensor ante las múltiples irregularidades que presentaba. Entre otras cosas, en estas instalaciones se cerraban las puertas blindadas de las habitaciones durante las horas de descanso nocturno.
El Defensor del Pueblo también denuncia el "deterioro general" que presenta el centro Casa Joven Juan Carlos I, ubicado en Azuqueca de Henares (Guadalajara), y gestionado también por la Fundación O'Belén. Durante la visita de los expertos del Defensor, los menores denunciaron que llevaban dos semanas sin agua caliente.
Un informe destapa que algunas instituciones maniatan a los internos y les prohíben la salida al patio durante una semana
El origen de la investigación fueron las numerosas quejas de los padres y denuncias de los educadores
Los niños son castigados en salas de reducido tamaño, con paredes recubiertas de goma negra y sin ventanas
El Defensor del Pueblo ha destapado en un informe monográfico sobre los centros de protección de menores con trastornos de conducta y en situación de dificultad social que "muchos" de ellos vulneran sus derechos, maniatándoles, prohibiéndoles la asistencia al centro escolar o la salida al patio durante una semana, bajo la denominación de 'medidas educativas creativas' o 'medidas correctoras'.
El texto, que será remitido a la Comisión Mixta Congreso Senado de relaciones con el Defensor del Pueblo, revela, además, que la gran mayoría de estas instituciones de menores llevan a cabo contenciones físicas, contenciones mecánicas y medidas de aislamiento para sancionar a los menores o intimidarles. En el 75% de estos casos, apunta el documento, se suministra tratamiento farmacológico a los menores en casos de grave alteración.
Según el informe de la institución que dirige Enrique Múgica, a pesar de que esas contenciones deben hacerse "de forma limitada", en muchos centros se realizan varias veces al día y en ocasiones con una agresividad "desproporcionada" que puede producir lesiones físicas.
Sobre el aislamiento, el Defensor del Pueblo sostiene en su documento que se produce en salas de reducido tamaño, bajo el nombre de 'salas de agitación' o de 'reflexión' con paredes recubiertas de goma negra y sin ventanas. Concluye que esto provoca una atmósfera asfixiante y un gran rechazo en los menores.
Quejas de padres y educadores
El origen del informe "Centros de Protección de Menores con Trastornos de Conducta y en situación de Dificultad Social" han sido las numerosas quejas de los padres y denuncias de los educadores recibidas por Enrique Múgica. Inicialmente, se centró en Madrid, Castilla-La Mancha, Aragón y Valencia, pero a medida que se descubrió "una realidad extremadamente dura, dolorosa y compleja, cuyos graves problemas alcanzaban límites inesperados", se amplió a todas las comunidades.
De acuerdo con el texto, bajo la denominación de "medidas educativas creativas", "medidas correctoras" u otras expresiones de cariz pedagógico se están realizando prácticas contrarias a los derechos de los menores en muchos centros, "como por ejemplo atar a dos menores uniéndolos por las muñecas".
En relación con el régimen interno de los centros, el informe, de unas 500 páginas, afirma que las ausencias voluntarias de menores son muy frecuentes y que en algunos casos se dan cifras muy elevadas de ausencias definitivas. Además, en la mayoría de los centros se hacen registros personales y de las habitaciones de los menores, pese a ser escasos los reglamentos de régimen interno que contemplan estas posibilidades. En algunos supuestos, incluso, se realizan registros con desnudos integrales sin justificación ni comunicación al juez.