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JOSÉ R. VILLALBA
Miércoles, 21 de enero 2009, 03:43
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La sala contencioso-administrativa del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha dictado las dos primeras sentencias aceptando la objeción de conciencia contra la asignatura de Educación para la Ciudadanía que afecta a dos alumnos y dos centros de Granada, uno concertado de confesión católica y otro público. En el resto de Andalucía se han emitido una treintena de sentencias, todas favorables al alumnado objetor de esta materia.
En las dos sentencias dictadas hasta el momento, y a la espera de la resolución de otros muchos recursos, el Tribunal Superior de Justicia considera que está justificada la objeción de conciencia contra esta asignatura, e indica que los alumnos hijos de los padres recurrentes no tendrán que asistir a la asignatura ningún año, no serán evaluados en la misma y en ningún caso este hecho afectará a la obtención de los títulos pertinentes.
La plataforma Rosa Blanca, integrada por los padres de la mayoría de estudiantes, ha manifestado su satisfacción por estas dos últimas sentencias. «Una vez más nos dan la razón, pero el TSJA va más allá de nuestros planteamientos y subraya que esta asignatura vulnera el artículo 16.1 de la Constitución sobre la libertad ideológica y religiosa. De esta manera, considera que no es posible adaptar el ideario de la asignatura a la filosofía católica del centro educativo donde se imparte», asegura Marcelo López, portavoz de la plataforma.
En Granada, han presentado su objeción de conciencia contra esta materia 1.032 padres de alumnos y en los tribunales hay un montante de 150 demandas contra Educación para la Ciudadanía. «Sólo hemos podido recurrir ante la justicia aquellas objeciones contestadas por las Junta de Andalucía, que son las menos», apostilla.
La Consejería de Educación ha recurrido ante el Tribunal Supremo todas las sentencias emitidas por el TSJA favorables al alumnado objetor contra Educación para la Ciudadanía. Si este órgano judicial se pronuncia en contra de los dictámenes favorables a la objeción resueltos por el TSJA, los estudiantes deberán retomar las clases de esta materia.
Mientras Educación espera el pronunciamiento del Supremo, sindicatos de enseñanza como CC OO entienden que hasta que «la sentencia no sea firme no hay ninguna batalla ganada», según el secretario provincial Diego Molina; y CSI CSIF, «prefiere no pronunciarse hasta conocer la sentencia».
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