EL 7 de noviembre de 2005 todo transcurría en Granada en la placidez de un lunes soleado de cálido otoño. Poco después del almuerzo, televisiones y radios interrumpían su programación para dar la noticia, en principio confusa, de un trágico accidente laboral en Almuñécar, con una alarmante cifra de muertos. Todos, creo, recordamos lo que estábamos haciendo en el momento exacto de conocer la tragedia, y aún está registrado en nuestra memoria colectiva como el accidente laboral más trágico en la reciente historia laboral granadina.

El número de muertos anunciado en las primeras noticias no coincidió ni de lejos con los que resultaron finalmente fallecidos. Todos los que esa tarde pudimos acceder al lugar de la tragedia compartimos la angustia, la sorpresa, la inmensidad de la estructura desplomada. A los que contemplábamos el viaducto desde el suelo, insignificantes, en comparación con el descomunal tamaño de cualquiera de los pilares del tablero, y sin excepción, nos parecía inverosímil que de entre las decenas de trabajadores afectados hubiese podido haber supervivientes.

El correspondiente Juzgado de Almuñécar se puso de forma inmediata manos a la obra con la ímproba e ingente tarea de acometer la instrucción de dicho sumario: informes y declaraciones de afectados, de testigos, de supervivientes, las dos reconstrucciones del accidente -una en otro viaducto con una autocimbra similar y otra en una cantera de Galicia, donde se hizo una prueba de fuerza, hasta la rotura definitiva de las piezas-, el trabajo concienzudo y meticuloso de los peritos judiciales, y hasta (por qué no decirlo) las facilidades que tanto para la investigación como para la propia instrucción judicial dio el Ministerio de Fomento, esta vez sin titubeos y desde el primer momento.

En estos tres años hemos procedido a colocar además, sendas placas de recuerdo a los fallecidos, el primer año por parte del Ayuntamiento de Almuñécar y el segundo por parte de los sindicatos de clase.

Pero todo esto sólo ha servido, de momento, para que los familiares de las víctimas hayan cobrado sus correspondientes indemnizaciones por la vía civil, y para que tres años después, la anestesia de los hechos haya ido arrinconando a estos seis trabajadores muertos en nuestra memoria, hasta tal punto que parece que la sociedad lo ha dado ya por resuelto.

¿Pues no! Nada está resuelto, ni mucho menos cercano a resolverse. Lo que desde la Unión General de Trabajadores (primera organización sindical que se personó como acusación particular) vinimos durante un tiempo alabando, como es la concienzuda instrucción del juez de Almuñécar, ahora por las mismas razones denunciamos a viva voz.

¿Qué pasa con la instrucción del sumario desde la marcha del juez instructor a su plaza definitiva a través del correspondiente concurso de traslado? ¿Es que acaso, sin cercenarle sus derechos como funcionario público, no pudimos reservarle su plaza y ponerle un sustituto hasta concluir la instrucción? ¿Es que alguien creía o pensaba que éste era un sumario al uso? ¿Las cientos de horas dedicadas a la investigación y conocimiento de informes técnicos, podían traspasarse automáticamente a un juez posterior? La consecuencia de todo esto ha sido lo que nos temíamos desde UGT: baúles cargados de documentación que se almacenan en el Juzgado de Almuñécar sin que nadie les preste la atención requerida, sin que nadie dirija la conclusión definitiva de este sumario. Por otro lado, en esta lentitud judicial (que es la primera percepción del ciudadano de que la Justicia no sea justa) siempre salen oportunistas e interesados.

Tal es el caso de la empresa 'Estructura y Montaje de Prefabricados S.A.' que, implicada en dicho accidente, ha encargado en 2008 un supuesto informe técnico, elaborado por todo un señor catedrático de la Escuela Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Madrid, relativo al colapso de la autocimbra. El autor de este informe tiene la desfachatez de opinar y circunscribirlo a extremos solicitados por su cliente (que es quien le ha pagado) para, por supuesto, llegar a la conclusión de que nada había ocurrido y que todo era imprevisible o no predecible. Pues bien, este supuesto informe técnico, presentado a bombo y platillo, sirvió al día siguiente de su publicación para que un ilustre penalista madrileño, que lleva los asuntos de dicha empresa en el sumario, pidiese al juzgado que, basándose en dicho informe a la carta, se archivase el caso.

Y hay otros, que no sabemos con qué objetivo (como no sea el de la vana y estúpida costumbre de hacerse notar) piden más pruebas y no señalan cuales, ni hacen nada en dicha dirección. Por otra parte, el Fiscal de Motril encargado de este caso, no sabemos si también se ha trasladado o está rebasado de trabajo y ocupado en casos más importantes, pero lo cierto es que tampoco activa el procedimiento.

Y mientras tanto, todos podemos caer en el olvido y apatía, así como en la terrible sensación de que se ha pasado página, con la indolencia de «aquí no ha pasado nada». Pues sí ha pasado, y seguirá pasando mientras la instrucción no se termine, mientras el juicio oral no establezca la responsabilidad de esta tragedia, que hizo que un plácido y cálido lunes de otoño se convirtiera en el día más negro del panorama laboral de nuestra provincia.

Hay seis trabajadores muertos que reclaman justicia. Seis obreros muertos que piden atención. Seis personas fallecidas que piden responsabilidad. Seis muertos que piden que se establezcan y determinen de una vez por todas las causas del desplome del viaducto y dé lugar a las correspondientes responsabilidades. Y UGT, como acusación particular, continuará trabajando para que esto sea así y se consiga lo antes posible.