El grupo socialista de la Diputación de Granada negó ayer haber ordenado la contratación de militantes del partido y ordenó la destitución del coordinador de seguridad de la institución, Juan Carlos Adarve, después de la sentencia del Juzgado de lo Social 1 de Granada que establece en el capítulo de hechos probados que éste acosó -no que hubiera sido condenado, como por error se titulaba ayer en este periódico- a una trabajadora tras negarse a indicarle los nombres de los que no eran afines al PSOE con el fin de contratar a éstos últimos. En el fallo se condena a la empresa adjudicataria del servicio de seguridad de la institución supramunicipal a readmitir a la empleada, aunque no al coordinador de seguridad.

Por esta razón el grupo socialista en la Diputación , que gobierna en coalición con IU, contratará, según informó ayer, una auditoría externa para analizar la prestación del servicio por parte de la empresa adjudicataria, a la cual tendrán acceso todos los grupos políticos, «en aras de conseguir la mayor transparencia en lo que a la gestión de la seguridad de la institución provincial se refiere».

Dimisiones

El PSOE señaló que ésta se trata de una sentencia acerca de un litigio entre una trabajadora y la empresa que tiene adjudicada la seguridad, pero en el cual «la Diputación no ha sido parte». «El acceso laboral a la Diputación se ciñe a los criterios marcados por la ley tanto en el acceso al cuerpo de funcionarios como en el de los contratos temporales», señaló el grupo socialista, quien incidió en que «jamás» ha ordenado el despido de ningún trabajador o la contratación de militantes del PSOE.

Las medidas adoptadas por el PSOE no convencen al PP, que asegura que llegan «tarde» y recuerda que fue su grupo el que solicitó lo mismo en el mes de julio y fueron PSOE e IU quienes lo evitaron. El PP pidió ayer las dimisiones de, entre otros, el presidente de la institución, Martínez Caler, al considerar que «ha participado por acción u omisión» en el acoso que sufrió una trabajadora. «Si no sabía nada que dimita por cándida criatura», concluyó el portavoz del PP en Diputación, Antonio Granados.

El PP pedirá a través de una moción en el próximo pleno la «inmediata ejecución de la sentencia» y que se inicie el proceso administrativo para rescindir el contrato «multimillonario» con la empresa, al considerar que ha sido «parte actora del acoso» a la trabajadora, «prestándose a las pretensiones del PSOE e IU».

Granados indicó además que ha trasladado a los servicios jurídicos del PP toda la documentación relacionada con este hecho para que estudien si pueden constituir un supuesto delito de tráfico de influencias, malversación de caudales públicos o prevaricación, ya que, según recordó, «estamos hablando de una adjudicación de cuatro millones de euros con muchas lagunas y de la contratación de amiguetes del PSOE».

En esta línea, pidió la dimisión de Caler, el vicepresidente segundo de la Diputación, Julio Bernardo Castro (IU), y la diputada de Cultura y portavoz del grupo de IU, María Asunción Pérez Cotarelo, porque, según dijo, «han participado por acción o por omisión en esta cacicada».

Aseguró que Caler tiene «todo el grado de conocimiento» del acoso perpetrado a la trabajadora y puso como ejemplo las referencias que ha hecho el PP sobre este asunto en los plenos o los escritos que le dirigieron en su día más de 40 trabajadores para denunciar el «abuso de poder y la coacción» del coordinador de seguridad.