El siguiente párrafo está extraído del capítulo de hechos probados de una sentencia -recurrible- del Juzgado de lo Social número 1 de Granada, fechada el 14 de octubre. En el mes de abril, el coordinador de Seguridad de la Diputación de Granada -un cargo de confianza- se reunió con la jefa de servicios en presencia del director de Seguridad de la institución. En el transcurso del encuentro, el coordinador le «comunica» a su subordinada que «le debía indicar los nombres de (...) aquellos trabajadores a los que se podía despedir» de entre los vigilantes de seguridad con el «fin de que por la empresa (una sociedad que en el mes de diciembre había ganado un concurso de 4,3 millones en la Diputación) se contratase a ciertas personas, militantes del PSOE o familiares o amigos de militantes de dicho partido». La trabajadora se negó y en los días siguientes fue invitada a dimitir.

Continúan los hechos probados. El 19 de mayo la empleada tiene que dejar el despacho que tenía en calidad de jefa de servicio y «fue trasladada a una sala de control junto al resto de personal». A principio de junio el coordinador «acuerda colocar una cámara» en esta habitación con la «excusa de vigilar un armario que alberga grabadores digitales (...), si bien con esa cámara se grababa también el espacio ocupado» por la trabajadora. El juez advierte de la casualidad de que, tras más de dos años de funcionamiento, se coloque la cámara «justo en el momento en el que la demandante se traslada allí».

El 23 de junio la empresa la despide por «motivos disciplinarios», aunque después reconoce que es improcedente.

El juez considera «plenamente acreditado» que el origen de las diferencias es la negativa de la jefa de servicio a colaborar en los despidos. Se apoya en la declaración de la tercera persona que estuvo en ese encuentro del mes de abril, en la de un miembro del comité de empresa y en la de un sindicalista. No pasa por alto el letrado cómo un cargo de confianza de la Diputación podía «tener esta capacidad de influencia» en una empresa -la de seguridad- que al fin y al cabo es privada. En el transcurso del juicio salieron a relucir supuestas irregularidades en el proceso de adjudicación del concurso, algo que el juez invita a denunciar penalmente.

Según el relato, la sentencia aprecia una «clara actitud de acoso que se realiza de forma concertada por parte de la dirección de la empresa y el coordinador de Seguridad de Diputación», que «tiene su origen en la falta de colaboración por parte de aquella en un modo de proceder en la contratación de trabajadores que es cuando menos moral y éticamente reprochable, sin perjuicio de otras responsabilidades en las que se haya podido incurrir».

Trasfondo político

El caso saltó a la opinión pública al inicio del pasado verano, aunque tuvo un marcado enfoque político. El PP solicitó una comisión de investigación para aclarar las supuestas irregularidades que estaban sobre la mesa. La iniciativa contó de entrada con el apoyo de IU, lo que dejaba al PSOE en minoría en el pleno. Sin embargo, en contra de algunos dirigentes de la propia formación, los dos diputados de IU cambiaron de intención y frenaron la comisión con la excusa de que ellos ya habían hecho la investigación por su cuenta.

El presidente de la Diputación, Antonio Martínez Caler, anunció un expediente informativo a la empresa y puso a disposición del PP todos los medios necesarios para que iniciaran las pesquisas. Meses después poco ha trascendido públicamente ni del expediente ni de las indagaciones de IU y PP.

La justicia, en esta ocasión, ha sido más rápida. Fuentes de la Diputación expresaron ayer que actuaran con transparencia en este caso y que esta misma mañana anunciará los pasos a seguir.

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