Uribe declara el estado de excepción en Colombia por la prolongada huelga de los trabajadores de Justicia

El Gobierno de Colombia ha decidido actuar para poner fin a la situación caótica del país. Álvaro Uribe ha decretado hoy el estado de excepción para atajar la crisis causada por la prolongada huelga de empleados judiciales, que ha cumplido 36 días y ha bloqueado los fallos sobre 160.000 procesos.

El mandatario explicó en una alocución que se decidió declarar el régimen de excepción tras fracasar las negociaciones con los empleados judiciales, que se declararon en huelga el pasado 3 de septiembre y que no aceptaron las alzas salariales decretadas, lo que mantiene paralizada la administración de justicia.

Uribe dijo que durante la huelga más de 2.700 personas detenidas por homicidio, narcotráfico y tenencia de armas han quedado libres por vencimiento de términos legales, más de 120.000 procesos están sin fallos y no se realizaron más de 25.000 audiencias. Según fuentes oficiales, después de 36 días de huelga judicial, las pérdidas superan los 60 millones de dólares.

De acuerdo con la Constitución colombiana, "en caso de grave perturbación del orden público que atente de manera inminente contra la estabilidad institucional", el presidente de la República podrá declarar el Estado de Conmoción Interior por término no mayor de noventa días, prorrogable hasta por dos periodos iguales. "Esto le causa al país una tragedia", expresó Uribe, quien consultó con sus asesores antes de tomar la decisión de decretar el estado especial por 90 días.

Ese estado excepcional permite al Ejecutivo dictar medidas con fuerza legislativa para conjurar las causas de la perturbación e impedir la extensión de sus efectos y suprimir algunas libertades, pero no permite censurar a la prensa.

Intentos de acuerdo

El Gobierno propuso bonificaciones que se suman a la oferta de mejoras salariales por 111.000 millones de pesos (unos 52 millones de dólares) para los empleados judiciales. Pero los huelguistas piden una partida presupuestaria del triple de esa suma y la nivelación de sueldos de los jueces menores con los de los magistrados y jueces superiores.

El lunes pasado, en un último esfuerzo por conjurar la huelga, el mandatario firmó cuatro decretos que ofrecen mejoras salariales a los trabajadores de la justicia, pero la Asociación Nacional de Empleados Judiciales (Asonal) rechazó las concesiones e insistió en su exigencia inicial. El presidente dijo ese día que las bonificaciones decretadas eran lo máximo que puede hacer el Ejecutivo para no poner en peligro las finanzas estatales e instó a los huelguistas a que aceptaran ese "gran esfuerzo".

El martes, durante la asamblea de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (ANIF), Luis Carlos Sarmiento, el banquero más importante del país, recomendó adoptar ese régimen de excepción y Uribe prometió analizarla "con urgencia, pero sin desespero".

Los primeros dos decretos expedidos al amparo de la conmoción interior fueron para restablecer el servicio público de la justicia y agilizar los procesos paralizados por medio de personal especial y descongestionar los despachos. Con todo, Uribe dijo que no se han cerrado las puertas del diálogo con los empleados en huelga.

Uribe aplicó por primera vez el estado de excepción tres días después de tomar posesión para su primer mandato de cuatro años, el 7 de agosto del 2002, ante una oleada de atentados de la guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que dejaron una veintena de muertos.