Dos de las organizaciones agrarias que representan los intereses de miles de profesionales del campo granadino, UPA y COAG, junto con la Federación Andaluza de Empresas Cooperativas Agrarias (FAECA) en Granada, apoyan sin fisuras la iniciativa adoptada por los agricultores de la comarca de Zafarraya. En líneas generales, las tres organizaciones coinciden en señalar que decisiones como ésta son necesarias para poner freno a la especulación que los intermediarios hacen con productos de consumo de primera necesidad.

No obstante lo anterior, los responsables de estas organizaciones son conscientes también de que tal medida no es suficiente y tiene un valor simbólico mucho más que efectivo. «No significa una solución a un problema tan grave como el que nos afecta a todo el sector, pero sí es significativo que se den pasos en este sentido», señala Nicolás Chica, secretario general de UPA en la provincia de Granada.

Para Eduardo López, secretario de Organización de COAG en Andalucía, la apuesta de los agricultores granadinos es «muy positiva» aunque poco puede a las «todopoderosas» grandes superficies comerciales. Es por ello que según este responsable de COAG, de lo que se trata es de aunar esfuerzos todas las organización agrarias, de consumidores y de profesionales del sector primario para exigir al Gobierno que plantee a las Cortes una serie de iniciativas legales que pongan fin a la especulación que padecen los agricultores y los ciudadanos de la calle. Mientras los primeros cobran cada vez menos por sus productos del campo, los segundos pagan éstos a cifras que resultan astronómicas.

«Es necesario que se ponga coto a esta situación, que se legisle para proteger los intereses de los más indefensos ante una situación que si bien es legal es absolutamente injusta», señala por su parte Nicolás Chica. El responsable de UPA-Granada recuerda que su organización propugna una ley de Márgenes Comerciales a lo largo de la cadena alimentaria, como tienen otros países europeos y sin que sea incompatible con la libertad de mercado.

Gustavo Ródenas, gerente de FAECA, apoya igualmente la iniciativa y señala que una vez más las cooperativas han dado un paso al frente a la hora de defender no sólo sus legítimos intereses sino también los de todos los ciudadanos «a los que afecta directamente este problema».