Voracidad electoral

QUE los grandes partidos son máquinas electorales es algo que no escapa a casi nadie. Pero se trata de ese tipo de asuntos que todo el mundo intuye, si bien nadie está en disposición de precisar porque no forma parte de dogma de fe alguno, como casi nada en este mundo.

El PSOE ha celebrado recientemente su congreso estatal y se ha pronunciado. No lo ha hecho -como todo el mundo esperaba- en cuestiones de crisis, ni sobre qué medidas tomar cuando la economía esté tocando fondo, si no es que lo está tocando ya; las medidas de futuro han ido por otros caminos. Porque cuando los grandes partidos se reúnen y toman medidas de futuro están queriendo decir que están buscando votos para perpetuarse en el poder. Y una de las medidas que adoptará el partido gobernante será el voto de ciudadanos extracomunitarios en las elecciones municipales de 2011. Me imagino que apostarán por el sufragio activo y pasivo, porque de nada sirve poder votar sin tener a un elegible de la misma nacionalidad a quien votar. De manera que se han puesto a pensar y han elegido, preferentemente, como futuribles electores y elegibles al amplio colectivo de ciudadanos marroquíes que estén residiendo legalmente en España --está por ver durante cuantos años-. Pero ¿por qué al colectivo marroquí y no, por ejemplo, a los australianos o a los suizos que residan legalmente en España? Muy fácil: por el amplio número de los primeros, que, al parecer, son proclives al voto socialista. Al parece, no son tan proclives a ese voto hispanoamericanos o ciudadanos de las repúblicas del Este, y no se centrarán con entusiasmo en esos colectivos nacionales, también muy numerosos en nuestro país.

Para mí tengo que cuando el presidente del ejecutivo andaluz habla de «nuevos andaluces», se está queriendo referir a nuevos votantes. Y eso es algo preocupante porque todos sabemos que confunde las ideas con las palabras, tal y como retrataron con maestría humorística los guiñoles.

Preocupante porque si los grandes partidos -el PSOE en este caso- subestima otras cuestiones para destacar el fin electoralista, consistente en el hallazgo de nuevos yacimientos de votos, en mi opinión, está actuando a la ligera.

Particularmente, no considero preocupante que la opción de futuro sea que quienes trabajen y contribuyan al sostenimiento de la comunidad puedan elegir a sus representantes. El problema radica en que no es ese el fin de la medida. Una medida electoralista nunca penetra en otras cuestiones más complejas que necesitarían una reflexión más consecuente. Simplemente se atisba la medida, se calcula el tiempo que ha de transcurrir para las próximas elecciones y se pone a funcionar la maquinaria legislativa, aprovechando que se tienen los instrumentos políticos adecuados que ofrece el poder. Pero eso no es serio. Lo serio es analizar en profundidad si determinados colectivos de nacionales están en disposición de integrarse en una sociedad política hasta el punto de poder elegir a sus representantes locales. Lo serio es valorar con rigor si con esa medida se avanza o se retrocede. Lo serio es buscar el parecer de todos los colectivos en juego. Pero lo que realmente se plantea como esperpéntico y ciertamente cínico es elegir al colectivo de nacionales más numeroso para intentar arrastrarles a un voto concreto, porque ese voto se torna como seguro ya que a quien se vota es a quien posibilita la medida.

Además, está la cuestión de la reciprocidad que es un mecanismo asentado en nuestra doctrina jurídica relativa al derecho internacional público, consagrada en el artículo 13.2 de la Constitución de 1978. Por tanto, las únicas vías posibles para que ciudadanos extracomunitarios voten o sean elegidos en las elecciones municipales pasan por la reforma de la Constitución o por tratados internacionales de reciprocidad con los países de origen de los colectivos nacionales que se pretenda puedan votar en España. Y, claro, cuando se trata de reformar la Constitución, sobre todo en lo referente al Título I es necesario contar con el beneplácito de amplias mayorías electorales -en este caso la mayoría de tres quintos de cada una de las Cámaras-, que no es tarea fácil, ya que son necesarios consensos, siendo esa rigidez la salvaguarda más democrática ante el electoralismo. Y, claro, habrá quien piense que en Marruecos la salud democrática de la que goza el pueblo garantiza esa reciprocidad, sin lugar a duda.

Pero cuando la máquina electoral de un partido se pone en marcha e inicia esa odisea en busca de nuevos votantes nada importa. La decisión está tomada porque si no se lleva a cabo se pierde el posicionamiento electoral. Así de trágico es este asunto para quienes dependen de los votos para perpetuarse.

Por tanto, por esa vía basada en la voracidad electoral el ciudadano español deberá ir acostumbrando sus retinas a nuevas medidas, en principio, ilógicas y a la larga probablemente nocivas porque no están los suficientemente meditadas y consensuadas. Aunque siempre se podrá vender la medida como democrática.