La crisis del ladrillo azota fuerte a las empresas granadinas. Y algunas no han sido capaces de soportar el embate. La primera gran víctima de esta nefasta coyuntura ya tiene nombre: Mayoral. La administración de esta empresa ya se encuentra en manos judiciales después de que los bancos solicitasen que se acordara un concurso de acreedores -antes llamado suspensión de pagos- ante la impotencia de la sociedad para afrontar los compromisos adquiridos por falta de liquidez. Además, en la actualidad, la actividad se encuentra paralizada.

La situación económica de la empresa, como otras muchas, comenzó a verse resentida con la crisis del sector de los últimos años. Según la última cuenta de resultados publicada -correspondiente a 2006 y depositada a principios de este año 2008- los beneficios ascendían a unos escasos 260.000 euros. Pero las expectativas no eran precisamente de mejora y en el año 2008 se ha llegado a la citada suspensión de pagos.

Terrenos sin rendimiento

La compra de terrenos a crédito, que no han cumplido las expectativas en cuanto a su revalorización se encuentra entre la lista de problemas de la sociedad. Algo que se ha convertido en la tónica general de muchos promotores y constructores que se encuentran asfixiados. Si a esto se suma el descenso generalizado en la venta de viviendas, el resultado es claro.

El concurso de acreedores, tal y como se denomina este paso tras la implantación de la Ley Concursal, fue instado por la entidad bancaria Barcklays. El impago de una póliza de crédito -que no era la más abultada que tenía contratada la empresa- desencadenó el procedimiento judicial. No ha sido la empresa, cuyo control tomó Felipe García a primeros de años tras el cambio del administrador el año pasado, la que ha presentado la suspensión de pagos de forma voluntaria. Esto no significa más que la empresa ha intentado subsanar las deudas existentes vendiendo sus activos -inmuebles, terrenos, etc.- antes de llegar a la intervención judicial. Pero finalmente no ha habido acuerdo.

El juzgado de Lo Mercantil admitió recientemente el concurso de acreedores, o sea, la antigua suspensión de pagos. Con la Ley Concursal, a partir de entonces, el juez nombra un administrador externo a la empresa que realiza un cómputo del total de la deuda y de los acreedores existentes. Una vez se haya realizado este cálculo la autoridad judicial decide quién cobra, qué cobra (si hay acuerdo por parte de los afectados) y en qué orden.

Acreedores

Popular y Barcklays eran las entidades con las que tenía los créditos más abultados. El primero se 'cobró' con las instalaciones de la promotora en el emblemático edificio Zaida, además de otros activos de la empresa, como terrenos. El segundo, al no cubrirlas fue quien interpuso la demanda.

Según las últimas cuentas presentadas, el pasivo de Mayoral ascendía a 100 millones de euros en 2006, entre acreedores a largo y corto plazo. Además de los bancos, y entre estos últimos, pueden encontrarse proveedores y pequeños constructores con los que tuviese suscrito algún tipo de contrato. El cese de su actividad y la quiebra económica tiene un efecto dominó entre estos últimos.

Delimitar el montante total de la deuda actual, entre unos y otros y después de la venta de activos que se produjo para paliar parte de ellas en los últimos meses, es el trabajo que tienen ahora por delante los administradores judiciales.

El pasado día 15 de julio se produjo lo que en términos judiciales se denomina el allanamiento. Esto es: la empresa admitió la decisión judicial de abrir el concurso de acreedores y con ello poner la empresa y su colaboración a disposición del juez ante la imposibilidad de solucionar la quiebra por falta de liquidez. Ahora da comienzo el plazo para la personación de los perjudicados.

rociomendoza@ideal.es