España será el primer país del mundo en investigar, desde el juicio de Núremberg en 1946, a miembros del Partido Nazi por crímenes contra la humanidad y genocidio. El titular del Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, acordó ayer admitir a trámite la querella de varios supervivientes y familiares españoles del holocausto contra cuatro destacados miembros del Batallón de la Calavera (Totemkopf-Sturmbann) de la temida SS, que custodiaron tres campos de concentración en los que fueron exterminados, al menos, 4.300 españoles.

El magistrado Moreno entiende que la demanda por el asesinato masivo de españoles en los campos de Mauthausen (Austria) y Sachsenhausen y Flossenbürg (Alemania) entre 1942 y 1945 es «sin género de dudas» un delito calificable jurídicamente de genocidio según la legislación internacional y, por lo tanto, cabe entre las competencias de los tribunales españoles pues está reconocido en la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Caso 'Guatemala'

En su auto, el instructor recuerda que cualquier polémica sobre la jurisdicción de la justicia española para entender de los delitos de lesa humanidad quedó zanjada después de que el Tribunal Supremo y el Constitucional en 2003 y 2005 establecieran (sentencias sobre el genocidio maya en Guatemala) que España puede actuar siempre que se demuestre que hay víctimas nacionales (interés directo en la causa) y que los supuestos responsables de los delitos nunca han sido enjuiciados.

Ismael Moreno sostiene que ambas condiciones se cumplen en la querella presentada ante la Audiencia Nacional el pasado 19 de junio por un superviviente de Mauthausen, David Moyano, y tres familiares directos de otros republicanos torturados por los nazis en los campos. Afirma que la documentación presentada es más que suficiente para acreditar que hubo españoles entre las víctimas de la SS. Entre esa documentación figura el 'libro de la muerte' o 'Totembuch' de Mauthausen, que incluye no menos de 400 nombres y filiaciones de españoles asesinados.

Además, considera que tampoco hay dudas de que los cuatro nazis acusados (Johann Leprich, Anton Tittjung, Josias Kumpf e Iwan Demjanjuk) nunca han pagado por sus crímenes contra la humanidad, por lo que no se vulneraría el principio judicial de 'cosa juzgada'.

«Inactividad judicial»

La Audiencia Nacional certifica que «hay indicios serios y razonables de inactividad judicial» en este causa. De hecho, la demanda revela que los ex vigilantes nazis huyeron de Alemania tras la caída del III Reich y se refugiaron en Estados Unidos, donde escondieron su pasado hitleriano. En ese país, vivieron en absoluta tranquilidad hasta que en los años 80 y 90 los 'caza-nazis' de origen judio descubrieron su origen y fueron desposeídos de la nacionalidad norteamericana. Desde entonces, jamás habían sido reclamados por la justicia de ningún país.

El juez Moreno, en su auto de admisión, a trámite emplaza a la Fiscalía para que reclame las diligencias que considere oportunas. La pasada semana, el Ministerio Público ya se declaró a favor de la competencia española para estudiar este caso porque la querella acredita que por los tres campos pasaron al menos 7.000 republicanos, que «fueron sometidos a programas de exterminio diseñados por el sistema nacionalsocialista» y sometidos a «formas extremas de maltrato y abuso, incluido el asesinato».

La querella apunta que a Mauthausen, donde fueron exterminadas 200.000 personas, llegaron al menos 7.000 españoles, de los que sólo sobrevivieron 2.700. En Sachsenhausen, el primer campo en recibir prisioneros del Ejército Francés, también murieron entre 85 y 100 republicanos.

En Flossenbürg, las tropas norteamericanas que liberaron el campo certificaron que de los 155 internos españoles fueron exterminados 60. Detrás de la querella que ha propiciado el primer proceso judicial contra el nazismo en España está el Equipo Nizkor, el colectivo de juristas y especialistas de defensa de derechos humanos que casi consiguió que el Reino Unido extraditara a Augusto Pinochet a España, que sentó en el banquillo al represor argentino Adolfo Scilingo y que logró que México entregara al también torturador argentino Ricardo Miguel Cavallo.

El objetivo ahora, según el presidente del colectivo, Goyo Dionis, es conseguir la entrega de los cuatro guardias de la SS que se encuentran en situación de extraditables.